El informe señala que “es posible afirmar que la denegación de la enseñanza de la lengua originaria a niños y niñas quechua, constituye un escenario general de riesgo para la salud mental de los menores” y que ello implica expresamente “un antecedente relevante de trastornos mentales de distinta índole, que muchas veces conducen al suicidio”.
Como “una grave vulneración con importantes consecuencias en la salud mental de los niños y niñas quechua”, califica el informe elaborado por el destacado Psicólogo de la Universidad Católica de Valparaíso y especialista en Educación Intercultural Indígena, Jamadier Uribe, en el marco del recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Iquique, por dirigentes del pueblo quechua contra la Seremi de Educación de Tarapacá, la Municipalidad de Alto Hospicio y colegios de la comuna, por la imposición de la lengua aymara a niños del pueblo quechua.
“Este informe no hace más que reforzar los hechos que hemos venido denunciando, y que son responsabilidad directa del Estado y de quienes están a cargo de establecimientos educacionales, y que ejecutan estas acciones contra los menores quechua”, manifestó Ariel León Bacián, redactor del recurso y uno de los demandantes. Por su parte, Ornaldo Bacián, otro de los recurrentes y Presidente del Consejo Lingüístico, Socio Cultural, Patrimonial y Territorial del Pueblo Quechua, indicó que “el Programa de Educación Intercultural Bilingüe obligatorio del Estado (PEIB) se aplica vulnerando los derechos de niños y niñas, al enseñarles una lengua ajena”.
En el mencionado informe, el psicólogo y especialista Jamadier Uribe señala que “(…) al denegarles a los niños y niñas el aprendizaje de su lengua materna, se les deniega también el acceso y comprensión de los códigos culturales que articulan su vida cotidiana”. Asegura también que, en relación a los antecedentes aportados con la presentación del recurso, “(…) son antecedentes más que suficientes para señalar que los niños y niñas quechua y sus familias, viven una situación de violencia epistémica (…) Una violencia, que se ha configurado históricamente como un antecedente fundamental del racismo y la falta de reconocimiento de las primeras naciones”.
Continúa el profesional indicando que, “es posible afirmar que la denegación de la enseñanza de la lengua originaria a niños y niñas quechua, constituye un escenario general de riesgo para la salud mental de los menores”. Agrega en su parte final que “la negación de la enseñanza de la lengua, es además una negación de su cultura, lo que en la literatura académica aparece como un antecedente relevante de trastornos mentales de distinta índole, que muchas veces conducen al suicidio”, dejando claramente en evidencia las graves, permanentes e irreversibles consecuencias que tendría el continuar con la ejecución de los hechos alegados sin una solución por parte del Estado.
En palabras de Ariel León, “El artículo 18 de la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas prohíbe la asimilación forzada, y aquí se está utilizando al sistema educativo como un mecanismo de extinción cultural”, agregando que “en el norte existe un proceso de aymarización forzada que ha tratado de ocultar la existencia del pueblo quechua de invisibilizarlo al máximo”.
Ornaldo Bacián asegura que “el presupuesto disponible del Estado no puede ser, a su vez, una limitación a los derechos de las personas y los pueblos indígenas. Buscamos que el Estado asuma su responsabilidad y provea los recursos necesarios para tener educadores tradicionales que satisfagan adecuadamente la demanda educativa”.
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