El gobernador de Copiapó, Manuel Corrales, destacó la iniciativa que firmaron el Presidente Sebastián Piñera y la Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Enmarcado en la defensa de la comunidad educativa y el fortalecimiento de las facultades sancionatorias en casos graves de violencia en el aula, el Presidente Sebastián Piñera firmó este jueves un proyecto de ley que otorga mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales para resolver los hechos de violencia, protegiendo la integridad física y psíquica de toda la comunidad escolar.
“Nuestro ordenamiento jurídico hoy no cuenta con las herramientas adecuadas para poner atajo a los hechos de violencia que se han producido últimamente. Por ejemplo, si un alumno porta una bomba molotov dentro de un liceo o colegio, o si éste agrede físicamente a un profesor o a un funcionario, puede permanecer dentro del establecimiento hasta por un mes mientras dura el procedimiento de expulsión del agresor”, señaló, el gobernador, Manuel Corrales sobre la firma del Presidente Piñera referente a este proyecto.
El objetivo de este proyecto de ley es fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrícula en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa. Garantizando además, el derecho a la educación del alumno sancionado, a través de la contemplación de un proceso de reubicación en otro establecimiento educacional y la disposición por parte del Ministerio de Educación de un programa de apoyo psicosocial para el estudiante expulsado.
“Este proyecto de ley, no solo busca proteger, sino que también una herramienta útil y absolutamente necesaria para proteger el derecho a la calidad de la educación de todos nuestros niños y jóvenes, poniendo toda la fuerza de la ley a causales como la posesión, tenencia y almacenaje de armas o artefactos explosivos, como bombas molotov, entre otras; agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos, además posibilitar la expulsión o cancelación de la matrícula de forma inmediata, en contraste con los 25 días promedio que dura el actual procedimiento, siendo en este caso determinado el director quien deberá comunicar por escrito la decisión de expulsión, junto con sus fundamentos, al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días”, concluyó, la autoridad provincial.
Los comentarios estan cerrados.