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Se trata de tres ex consejeros regionales que entre los años 2013 y 2014 realizaron viajes a actividades propias de su cargo a Santiago y Valparaíso, cuyos traslados los realizaron contratando servicios de taxis.

La Fiscalía de Atacama formalizó este miércoles la investigación en contra de tres ex consejeros regionales a quienes se les imputa el delito de malversación de caudales públicos. Causa en que además el Consejo de Defensa del Estado actúa como querellante.

Los hechos sometidos a indagatoria los dio a conocer en el Juzgado de Garantía el fiscal de la causa, Luis Miranda Flores, quien indicó que los imputados, cuyas funciones expiraron en el año 2014, realizaron viajes para actividades propia de su función a las ciudades de Santiago y Valparaíso entre los años 2013 y 2014. Para lo cual contrataron servicios particulares de transporte vía terrestre de ida y de vuelta, lo que fue justificado por los imputados con las facturas de las personas que concretaron la movilización.

De este modo, según indicó el fiscal en la audiencia, el total de dinero rendido por los viajes fue de 3 millones 610 mil pesos monto que fue presentado al Gobierno Regional por parte de los investigados para su respectivo reembolso.

“La investigación comenzó a partir de un informe de la Contraloría Regional, el cual estableció que los gastos de recursos públicos en trasporte eran excesivos y que los imputados solicitaron que no se les comprara pasajes en avión, ya que el viaje lo harían por sus propios medios”, dijo la vocera de la Fiscalía Regional de Atacama, Rebeca Varas Guevara. Agregando que además que el informe determinó que los traslados fueron facturados por familiares de los imputados y en viajes individuales, a pesar que los tres ex consejeros asistirían a una misma actividad.

En la instancia judicial además la Fiscalía mencionó que en el mes de junio del año 2015 los imputados realizaron la devolución de los montos con sus respectivos intereses y reajustes.

Por estos hechos, la Fiscalía formalizó la investigación por el delito ya señalado mencionando en audiencia que resta aún diligencias específicas por realizar, por lo que solicitó la cautelar de arraigo nacional en contra de los imputados. Medida que fue decretada por el Juez de turno, quien además fijo un plazo de siete meses para el cierre de esta causa.