La diputada por Atacama calificó la aprobación de la iniciativa como “un paso importante en la búsqueda del respeto por la cosmovisión y el reconocimiento de nuestros pueblos originarios”
El proyecto que Crea el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y de los Consejos de Pueblos, fue aprobado hoy en general por 99 votos a favor y 1 en contra por la sala de la Cámara de Diputados. La iniciativa crea los Consejos de Pueblos Indígenas, reconociendo por ley a los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño o Likan Antay, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Kawésqar, Yagán y Mapuche.
En la sala destacó la intervención de la diputada Yasna Provoste, quien integra la comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización donde se discute la iniciativa de ley y se suma a los discursos en los anteriores debates en sala.
El proyecto de ley crea estas nuevas instituciones, estableciendo los procedimientos de elección de los consejeros y las atribuciones que les competirán a cada entidad para representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.
Estos consejos serán corporaciones de derecho público de carácter autónomo, representativo, participativo y de consulta cuyo objeto será representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado. Asimismo, la normativa fija las atribuciones, funciones y atribuciones de dichos Consejos; su composición; sus reglamentos internos y las dietas que recibirán los consejeros.
Además, la iniciativa crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, corporación que estará encargada de abordar materias susceptibles de afectar a todos los pueblos indígenas y que contará con atribuciones resolutivas y facultativas. Su objetivo será representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.
Cabe mencionar que la Comisión de Hacienda realizó tres modificaciones con acuerdo del Ejecutivo, mejorando la dieta (10 UTM por cada sesión ordinaria a la que asistan, con un tope mensual máximo de 30 unidades tributarias mensuales) y las condiciones de operación de los consejeros (incorporando gastos de traslado, además de los ya considerados, esto es, alojamiento, alimentación y seguro de accidentes personales para asistir a las sesiones del Consejo).
En tanto, la última modificación precisa la vía de financiamiento, considerando un gasto fiscal para el primer año de la entrada en vigencia de esta ley es de $2.206 millones.
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