Comunidad colla denuncia ante Naciones Unidas “cierre exprés” de consulta en Maricunga y acusan de “vulneración grave de derechos” a Ministra de medio ambiente Maisa Rojas.
Comunidad colla denuncia ante Naciones Unidas “cierre exprés” de consulta en Maricunga y acusan de “vulneración grave de derechos” a Ministra de medio ambiente Maisa Rojas.
Con palabras claras y sin rodeos, la hermana Ercilia Araya Altamirano, presidenta de la Comunidad Indígena Colla Pai Ote, encendió las alertas a nivel nacional e internacional. La dirigenta indígena denunció formalmente ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Dr. Albert Barime, acusando que el Estado chileno, por responsabilidad de la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y de la Seremi de Atacama, Natalia Penroz, cerró de manera apresurada y viciada la consulta indígena por la creación del Parque Nacional Maricunga, en la Región de Atacama. Sumado a ello, pese a las ilegalidades cometidas, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático votará la creación del parque este 13 de febrero.
La Comunidad Pai Ote acusa que el Ministerio de Medio Ambiente sólo llegó a la fase de acuerdo con una comunidad no territorial, mientras las comunidades que efectivamente viven en el territorio de Maricunga “recibieron un portazo en la cara, pues la consulta fue cerrada, y no pudieron presentar su propuestas ante el gobierno”, reclama la dirigenta colla. “Lo que se cerró no fue un trámite administrativo: lo que se cerró fue la posibilidad real de participar”, señalan desde la comunidad.
El correo que lo cambió todo
El conflicto dio un giro clave el 9 de febrero de 2026, cuando la Seremi de Medio Ambiente de Atacama notificó por correo electrónico a las comunidades que el proceso de consulta indígena había sido formalmente cerrado, adjuntando la Resolución Exenta N° 718/2026 del Ministerio del Medio Ambiente.
Ese acto es calificado por las comunidades como un “antecedente sobreviniente” que cambia radicalmente el escenario del conflicto. ¿Por qué? Porque el Estado no sólo siguió adelante pese a las objeciones indígenas, sino que dio por regular, suficiente y válida una consulta cuya legalidad hoy está siendo revisada por los tribunales. En sencillo: el Estado se puso la venda antes de la herida… y declaró que todo estaba bien.
“Consulta libre y de buena fe”… según el propio Estado
La resolución no se limita a decir “se acabó la consulta”. Va mucho más allá. Afirma que el proceso cumplió íntegramente las cinco etapas del Decreto Supremo N° 66, que los plazos y la metodología fueron acordados con las comunidades y que todo se hizo “de buena fe” y resguardando sus derechos.
Para la Comunidad Pai Ote, esta afirmación es grave: el Estado se autoabsuelve, cerrando administrativamente una discusión que está judicializada. “Es como si el árbitro declarara válido el partido mientras el VAR todavía está revisando la jugada”, comentan desde la defensa indígena.
La suspensión que nunca llegó
Uno de los puntos más sensibles es que el cierre de la consulta se dictó después de que el Ministerio rechazara una solicitud de suspensión presentada por comunidades territoriales. Esa solicitud se hizo antes del diálogo, tras la deliberación interna, y buscaba algo básico: condiciones reales para participar.
Febrero no es cualquier mes en el mundo andino. Hay actividades religiosas, productivas y tradicionales que hacen inviable una participación acelerada. Aun así, el Estado empujó un calendario “express”.
Lo paradójico es que la propia autoridad reconoce por escrito las alegaciones indígenas: presiones indebidas, pérdida del carácter “libre” de la consulta y el riesgo de imponer acuerdos alcanzados con una comunidad no territorial, cuya legitimidad ha sido duramente cuestionada y respaldada por dos informes periciales ya presentados.
Una consulta con un solo acuerdo
La resolución de cierre reconoce un dato clave: solo hubo acuerdos con una comunidad, la Comunidad Colla Finca del Chañar, que no habita efectivamente los territorios ligados al nuevo Parque Nacional Maricunga. Las comunidades territoriales quedaron fuera del diálogo efectivo.
Para Pai Ote, esto demuestra el daño concreto: “No hubo consulta plural, hubo una consulta selectiva”. El mecanismo, denuncian, dejó de ser un espacio intercultural y pasó a ser una herramienta para producir un resultado políticamente utilizable, pero jurídicamente viciado.
Todo esto, mientras el caso sigue en tribunales
La gravedad aumenta al considerar que el propio Ministerio reconoce que la definición de qué comunidades participan está siendo discutida en tribunales. La causa Rol N° 422-2025 de la Corte de Apelaciones de Copiapó está apelada y pendiente en la Corte Suprema.
Aun así, el Estado decidió seguir, cerrar la consulta y avanzar como si nada pasara. “Sabían que el tema estaba sub judice, pero igual pisaron el acelerador”, resumen desde la comunidad.
La cuenta regresiva: el Consejo de Ministros
El cierre de la consulta no es neutro. El 13 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático fue convocado para votar la creación del Parque Nacional Maricunga, usando como base precisamente esta consulta cuestionada.
Para Pai Ote, esto convierte la vulneración en algo irreversible. “La consulta cerrada es la llave que abre decisiones que transformarán para siempre nuestro territorio ancestral”.
¿Consulta o consentimiento?
Las comunidades sostienen que aquí no bastaba una consulta. La creación de un parque nacional en el Salar de Maricunga afecta prácticas culturales, trashumancia, crianza de animales, recolección de hierbas medicinales y sitios espirituales.
Por eso, afirman, se requería consentimiento libre, previo e informado, no una consulta apurada y formalista. Sin ese estándar, el proceso queda radicalmente viciado.
Una denuncia que cruza fronteras
Por todo lo anterior, la hermana Ercilia Araya Altamirano llevó la denuncia a Naciones Unidas. El mensaje es claro: lo ocurrido en Maricunga no es un problema administrativo, sino una vulneración grave de derechos indígenas, de la igualdad ante la ley, de la buena fe y del Estado de Derecho.
“Esto no es un conflicto hipotético”, advierten desde Pai Ote. “El daño ya se está consolidando, con documentos oficiales y a contrarreloj”.
El asesor de la Comunidad Pai Ote, Ariel Leon, señala que “La ley 21.600 sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas, establece expresamente que en los parques nacionales se encuentra prohibida la trashumancia, la recolección de hierbas medicinales y leña, e inclusive está prohibido celebrar ceremonias con fuego sagrado. La solución que proponen a esta prohibición es absolutamente indigna y vulneratoria de los derechos de los pueblos originarios, y se basa en conseguir permisos caso a caso con el burócrata de turno. Será absolutamente imposible que las costumbres del pueblo Colla sean incorporadas al decreto que crea el parque, debido a que la consulta finalizó justamente con una comunidad que no tiene idea de las costumbres locales, no conocen los lugares donde se ubican las fuentes de agua, ni dónde se encuentran las hierbas medicinales, o las rutas de trashumancia, no conocen el territorio porque no son de ahí. El proceso de consulta y de creación del Parque Nacional Maricunga se encuentra total y absolutamente viciado, por lo que la comunidad está solicitando al Relator de Naciones Unidas, mediante un Llamamiento Urgente, que este pida al Estado de Chile la suspensión del proceso. El miedo que tiene el presente gobierno a la futura administración del presidente electo José Antonio Kast, no puede justificar la violación de Derechos Indígenas”.
La pelota ahora está en la cancha de los tribunales y de la comunidad internacional, salvo que “el gobierno del presidente Boric entre en razón y desista de vulnerar Derechos Humanos, sólo para amarrar medidas inconsultas de última hora, y que vulneran el derecho vigente”, señaló Ariel Leon.