Fiscalización CPLT: GORE de Atacama alcanza 97,5% en dar acceso a información pública y queda cuarto del país, pero no cumple exigencias de transparencia presupuestaria
Fiscalización CPLT: GORE de Atacama alcanza 97,5% en dar acceso a información pública y queda cuarto del país, pero no cumple exigencias de transparencia presupuestaria
El Gobierno Regional de Atacama obtuvo un 97,5% de cumplimiento en la fiscalización de transparencia activa 2026 realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), resultado que lo ubicó en el cuarto lugar entre los 16 gobiernos regionales del país.
La cifra representa un aumento de 2,7 puntos porcentuales respecto de 2025, cuando alcanzó un 94,8%. Atacama también se situó más de cinco puntos por encima del promedio nacional, que llegó a 92,27%.
En la revisión general, el CPLT detectó incumplimiento en una sola materia: no estaba disponible toda la información sobre contratos formalizados mediante la emisión de órdenes de compra.
Adicionalmente, la pesquisa revisó el cumplimiento de obligaciones de transparencia presupuestaria establecidas por mandato de la Ley de Presupuesto 2026. Al respecto, y pese a su alto porcentaje global, el GORE de Atacama no cumplió ninguna de las tres obligaciones especiales de transparencia presupuestaria.
El organismo no publicó correctamente la información sobre concursos y proyectos adjudicados; los antecedentes remitidos por entidades privadas que recibieron transferencias superiores a 2.000 UTM; ni los informes sobre el uso de los recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, financiado por el royalty minero.
“Atacama se ubica entre los gobiernos regionales con mejor resultado general del país. Sin embargo, ese desempeño debe ir acompañado de información presupuestaria clara sobre los proyectos adjudicados, las entidades que reciben transferencias de alto monto y el uso del royalty. En una región minera, conocer el destino de esos recursos es especialmente relevante para que las personas puedan evaluar su impacto”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.
La fiscalización se efectuó durante febrero y marzo de 2026 mediante revisiones de los sitios de transparencia de los GORE y de la información disponible en el Portal de Transparencia del Estado.
En el conjunto del país, los gobiernos regionales promediaron un 92,27%, con un alza de 16,2 puntos porcentuales frente a 2025. Este es el mejor resultado general obtenido por el sector desde 2015.
El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de fiscalizar en Chile el cumplimiento de la Ley de Transparencia y proteger el derecho de las personas a acceder a información pública. Los gobiernos regionales están obligados por ley a mantener estos antecedentes completos, actualizados y disponibles. Si se acreditan infracciones, el CPLT puede iniciar procedimientos sancionatorios y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y/o los funcionarios responsables.