AGRUMIN insta al Senado a apoyar el cambio del actual régimen de patentes para la pequeña y mediana minería

AGRUMIN insta al Senado a apoyar el cambio del actual régimen de patentes para la pequeña y mediana minería

·     El gremio reiteró sus planteamientos ante la Comisión de Minería y Energía y cuestionó que se insista, por algunos, en mantener un sistema progresivo que, a nuestro juicio, y así lo demuestran claramente las cifras, castiga a los productores de menor escala en lugar de impulsar la actividad.

La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (AGRUMIN), instó a la Comisión de Minería y Energía del Senado a apoyar la restitución del régimen de patentes mineras vigente antes de la reforma promovida en las postrimerías del gobierno del presidente Sebastián Piñera, especialmente para los pequeños y medianos productores.

En línea con lo expuesto ante esa instancia legislativa, la organización sostuvo que las modificaciones al sistema deben abordar los problemas de fondo que afectan al sector, entender la verdadera causa de no poner en marcha los proyectos en este segmento, y no condicionar el acceso a la patente rebajada a una tramitación administrativa ante Sernageomin, básicamente porque queda sujeta a interpretación del funcionario de turno.

El presidente de AGRUMIN, Patricio Gatica, valoró que otros gremios que han expuesto ante la comisión, que preside la senadora Yasna Provoste, hayan mostrado la misma postura de la agrupación, en cuanto a la necesidad de “corregir el actual sistema de patentes mineras y recuperar un régimen simple, objetivo y que dé certeza a los titulares, especialmente a los pequeños productores”.

AGRUMIN recordó que el aumento de las patentes se impulsó en el marco del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y nunca fue planteada como una forma de evitar la especulación, cosa totalmente contraria a la pretensión de nuestro sector. Sin embargo, cuestionó que, en su aplicación, haya terminado primando una lógica recaudatoria por sobre el desarrollo de la actividad minera y la capacidad económica de quienes la sostienen en menor escala. En efecto, el poner en marcha a un pequeño minero, la recaudación para el Estado se multiplica muchas veces. Nuestro sector no pide fomento, de hecho, nunca lo pide, lo que pide es apoyo financiero que después devuelve con intereses y un lugar que le compre el material y al cual le sea rentable enviar su producto minero. Por eso ENAMI es fundamental. Es una cadena virtuosa que termina aportando mucho más al Estado y con un innegable beneficio social porque donde nuestro sector está, no pueden estar los grandes proyectos, porque necesitan grandes volúmenes de extracción, y eso no está en todas partes.

Para el gremio, el problema no es el financiamiento de mejores pensiones, lo apoyamos, sino que se haya recurrido a un mecanismo que perjudica a pequeños empresarios mineros sin considerar sus condiciones productivas, sus restricciones financieras y los obstáculos que enfrentan para poner en marcha o mantener sus operaciones.

Gatica advirtió que este perjuicio se expresa en el incremento de los remates de concesiones y en los rechazos que enfrentan los productores ante Sernageomin al solicitar el acceso a una patente rebajada ante el Servicio.

Precisamente, uno de los reparos planteados por AGRUMIN ante la comisión es que mantener la exigencia de acreditar trabajo efectivo para obtener una rebaja, deja nuevamente a los pequeños y medianos mineros expuestos a la discrecionalidad de las distintas oficinas regionales de Sernageomin. A juicio de la entidad, “un beneficio que depende de criterios administrativos inciertos no entrega la estabilidad que el sector necesita para invertir y producir”. Sin embargo, mejorando de alguna manera la certidumbre, es posible que el efecto, que hoy se manifiesta en que la mitad de las pertenencias en manos de nuestro sector, no hayan podido justificar trabajo, y con eso mantener su derecho, mejora la situación actual.

Cuestionamiento al sistema progresivo

Patricio Gatica cuestionó duramente las posturas de los exministros Ignacio Briones y Álvaro García, favorables a mantener un sistema de patentes progresivas como incentivo para aumentar la explotación minera. Para la organización, insistir en esa fórmula desconoce las barreras reales que enfrentan los productores, confunde la falta de condiciones para desarrollar un proyecto con una decisión de mantenerlo inactivo, y da cuenta del total desconocimiento de la actividad por parte de aquellos.

El gremio sostuvo que encarecer la tenencia de una concesión para un pequeño o mediano minero, y más para un artesanal, no resuelve la falta de puesta en marcha, ni los tiempos de tramitación, ni las restricciones regulatorias. Por el contrario, “puede agotar los recursos de los pequeños empresarios y obligarlos a desprenderse de sus pertenencias antes de lograr ponerlas en producción”.

En ese sentido, AGRUMIN afirmó que, en contraposición a lo que sostienen los ex secretarios de Estado, el mecanismo ha avanzado en la dirección contraria a su objetivo declarado: en vez de facilitar la explotación, “aumenta la presión económica sobre quienes ya enfrentan mayores dificultades para desarrollar sus proyectos”.

La agrupación reiteró que la pequeña minería, y la minería artesanal, necesita un estatuto especial que reconozca su realidad y la diferencie de los demás segmentos productivos, con exigencias proporcionales, reglas claras y procedimientos compatibles con su escala.

Asimismo, recordó que la discusión sobre patentes no puede desvincularse de otros obstáculos expuestos ante la comisión, entre ellos los efectos de los sitios prioritarios asociados a la Ley SBAP. “Resolver parcialmente el costo de las patentes resulta insuficiente si persisten restricciones que impiden desarrollar la actividad”.

Finalmente, desde AGRUMIN reiteraron su disposición a participar en una mesa técnica que permita corregir el proyecto en discusión y construir una solución efectiva. La organización llamó a los senadores a recoger las propuestas del sector, a apoyar la idea de legislar, y a corregir ciertos aspectos que la mejorarían aún más por el bien del sector y de Chile. Es necesario una normativa que incentive la puesta en marcha y no termine debilitando a la pequeña y mediana minería y su aporte al empleo y al desarrollo regional.