Diputada Provoste y nueva ofensiva contra Aguas Chañar Comisión analiza denuncias contra la empresa
La parlamentaria insistió en que la administración del recurso hídrico a cargo de la empresa sanitaria Aguas Chañar debe terminar «porque creemos que existen antecedentes suficientes como para terminar con la administración de una empresa que a lo largo de los años ha tenido una relación abusiva con los ciudadanos».
Continuando con una serie de actividades para lograr el término del contrato con Aguas Chañar, la diputada DC, Yasna Provoste, pidió citar a la Comisión de Recursos Hídricos al Superintendente de Servicios Sanitarios y el Presidente del Directorio de ECONSSA, quienes estuvieron en esta instancia respondiendo una serie de consultas ante la seguidilla de denuncias contra la empresa que opera en el norte del país.
Recordemos que han sido reiteradas las faltas en la entrega del agua potable a los clientes de la Región de Atacama, por parte de la sanitaria Aguas Chañar desde 2015 a la fecha y donde, además, los habitantes han tenido que sufrir los malos olores por falta de mantención de los alcantarillados y cortes del suministro por la mala administración de los pozos que abastecen las distintas comunas, entre otras.
En la ocasión, la parlamentaria por la región de Atacama, reiteró su molestia por las constantes deficiencias en la entrega del servicio de la sanitaria asegurando que «esta es una empresa que tiene 88 sumarios sanitarios, y estoy hablando de fechas recientes. De nada sirve multar a la empresa con 400 millones, como ha informado el superintendente y que calificó de históricas, si la empresa acumula ganancias del orden de los 2 mil 500 millones, en promedio, por lo que finalmente la sanción es nada comparado con las millonarias utilidades».
Provoste insistió en que la administración del recurso hídrico a cargo de la empresa sanitaria Aguas Chañar debe terminar, sin embargo solicitó que la concesión no se vaya a manos privadas, si no que siga en manos del Estado. «Creemos que existen antecedentes suficientes como para terminar con la administración de una empresa que a lo largo de los años ha tenido una relación abusiva con los ciudadanos».
