Fiscalía capacitó a Asistentes de la Educación sobre alcances de la Ley 21.057
Jornada fue realizada por profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Regional de Atacama.
La Fiscalía de Atacama desarrolló una jornada de capacitación frente a las acciones de denuncias a las que están obligados por Ley, aquellos funcionarios públicos que tomen conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos.
En esta oportunidad, profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Regional (Uravit) se reunieron con asistentes de la educación de la Escuela “Abraham Sepúlveda” de Copiapó en una productiva reunión virtual en que se analizaron este y otros temas. Jornada a cargo de las profesionales de la mencionada Unidad, Carolina Bianchi y Camila Tirado.
“La Fiscalía de Atacama ha desarrollado este tipo de actividades en distintos recinto educacionales de la región con la finalidad de mantener actualizados los procedimientos de denuncia para el caso de los trabajadores de la educación. Esto, porque es habitual que sean los colegios los lugares en que víctimas niñas, niños y adolescentes revelen los primeros indicios que den cuenta que están siendo víctimas de algún tipo de delito, muchas veces de carácter sexual”, indicó Rebeca Varas, vocera de la Fiscalía Regional de Atacama.
LEY 21.057
En este encuentro se informó además respecto de cómo ha sido la implementación en Atacama de la Ley 21.057 de Entrevista Investigativa Videograbada, normativa en que la Fiscalía tiene una actuación fundamental y para lo cual desarrolló una completa preparación logística y de los profesionales de la institución que cumplen tareas de “Entrevistadores”.
Respecto de este tema, los participantes de la capacitación conocieron cuál es el procedimiento que el colegio debe seguir al tomar conocimiento de antecedentes que podrían ser constitutivos de algún ilícito. Esto, porque los directivos, profesores o funcionarios del recinto no deben entrevistar al NNA afectado ni ahondar en la recolección de antecedentes, ya que este procedimiento debe ser realizado luego de una evaluación previa en la Fiscalía y en una sala especialmente habilitada para cumplir con esta diligencia investigativa.
Todo ello, para cumplir con los tres principios rectores de esta Ley y que son la Seguridad, la Confidencialidad y la Privacidad, los que buscan velar en todo momento por la integridad de victimas niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido de algún delito grave que están especificados en la Ley.