Diputada Cicardini reiteró llamado al gobierno a reconsiderar desvinculaciones en Salud: “Es un problema laboral que arrastra un problema sanitario”

Un llamado al gobierno a revaluar el despido de 6300 funcionarios, mayoritariamente funcionarias, de la salud pública, realizó en el congreso la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, enfatizando que se trata de un problema laboral que “arrastra un problema sanitario”.

Las desvinculaciones, que obedecen al fin de la alerta sanitaria por la pandemia del Covid-19, motivaron en los últimos días las movilizaciones de los gremios de la salud, entre otras causas, por los efectos perjudiciales en el sistema que tendría la salida de los profesionales.

Al respecto, la diputada Cicardini señaló, cuestionando la medida, que “no sé si recuerdan, pero en la pandemia hubo aplausos a los funcionarios de la salud. Aplausos que hoy día se desvanecen, se olvidan. Y cuando ‘se desgrana el choclo’ en la salud pública, atentamos con la vida de muchos chilenos y chilenas, sobre todo de la población más vulnerable de nuestro país. Por lo tanto, este problema laboral arrastra un problema sanitario.

“Porque no solo implican la desvinculación de profesionales del área, sino debilitar aún más nuestra ya golpeada y saturada atención de salud pública, en momentos en que más debiésemos fortalecerla en beneficio y para no perjudicar a los pacientes”, enfatizó.

Asimismo, la también vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Indicó que “lo que hoy día le volvemos a solicitar a nuestro gobierno es que se reconsidere la continuidad de estos 6.300 trabajadores y trabajadoras de la salud, porque eso va en la línea correcta de fortalecer nuestra salud pública y eso debe ser parte del compromiso de este Congreso, pero también de nuestro gobierno.”

Cicardini recordó que no es la primera ocasión en que realiza dicha solicitud, ya que anticipando la situación y en respuesta a la inquietud del Colegio de Enfermeras, acudió hace un mes a la comisión de Trabajo de la Cámara para plantear esta problemática y solicitar el envío de oficios, pidiendo cuantificar el número de atenciones que se dejarían de realizar, y si se evaluó un posible impacto en las arcas fiscales por las eventuales demandas laborales e indemnizaciones a las que se podría exponer el Estado.