Seguimos avanzando por más reinserción social
Seguimos avanzando por más reinserción social
Bajo el lema “Es de Toda Justicia” hace un año entró en funcionamiento el Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil en la región de Atacama, al igual que en el resto de la macrozona norte del país comprendida por las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo. Este servicio es un compromiso y una prioridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, pues su creación e implementación nos permite avanzar en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado de Chile de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales de derechos humanos, como un eje central de la gestión.
La nueva institucionalidad orienta su labor en la atención integral de todas las personas que han infringido la ley o están siendo investigados por un delito, bajo la supervigilancia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras sean mayores de 14 años y menores de 18 años; y deban cumplir una sanción o medida decretada por los tribunales de justicia en conformidad a la Ley N°20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente. En este contexto, es tarea del servicio realizar diversas coordinaciones para fortalecer y especializar el sistema de protección y de responsabilidad penal juvenil, labor que anteriormente estaba radicado en el Servicio Nacional de Menores (Sename).
La ley N°21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil fue publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 2023. Durante ese año, el servicio estuvo en un periodo de vacancia para su implementación gradual, iniciando su funcionamiento de manera progresiva, dividido en tres zonas: norte, centro y sur. Es así como al cumplirse un año de su implementación en Atacama, entra en funcionamiento en la macrozona sur, que comprende desde las regiones del Maule a Magallanes, terminando su implementación a nivel nacional en el 2026 para las regiones de Valparaíso hasta O’Higgins.
La nueva institucionalidad nos permite generar mejores y mayores condiciones para la reinserción social de adolescentes y jóvenes que han entrado en conflicto con la ley, sancionando penalmente los delitos que cometieron, pero también avanzando hacia una justicia restaurativa que incorpora procesos de mediación penal en aquellos ilícitos de menor connotación social, que posibilite el reconocimiento por parte del infractor de la responsabilidad del daño causado, así como también la posibilidad de llegar a acuerdos para resarcir estos daños y buscar alternativas en el cumplimiento de condenas que ofrezcan posibilidades reales de no reincidencia, repetición del ilícito y de paso disminuir el riesgo criminógeno y/o avance en los circuitos delictuales de quienes por primera vez han cometido un delito.
En este contexto, el nuevo servicio apuesta por la reincorporación y acompañamiento de los jóvenes y adolescentes infractores de ley en el sistema educativo que les permitan completar la educación básica y media; optar a capacitación laboral, ya sea cursando una carrera técnico profesional, universitaria, certificación en oficios u otras opciones que les brinden formación laboral para ingresar a un empleo formal; acceso a atenciones en salud mental, rehabilitación y tratamiento cuando exista consumo problemático de alcohol y otras drogas, entre otras prestaciones tanto del Estado, así como también de iniciativas y acciones para la reinserción social que surjan de alianzas público privadas, que doten a los jóvenes de herramientas durante el período de cumplimiento de sanciones para fortalecer sus planes de intervención y contribuyan a la preparación para la vida adulta independiente una vez que egresen de los programas o centros que los atienden, y sean una alternativa concreta para romper los círculos delictuales que tempranamente los afectaron, pues “Es de Toda Justicia” continuar avanzando en reinserción social juvenil y dar una nueva oportunidad a jóvenes y adolescentes en nuestro país.
Tomás Garay Pérez
Abogado
Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama