Corte de Apelaciones de Copiapó acoge reclamo de ilegalidad presentado por Jaime Mulet que obliga al Ministerio Público a revelar antecedentes de investigación realizada en su contra
La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el reclamo de ilegalidad presentado por el abogado Ciro Colombara López en representación del parlamentarioJaime Mulet Martínez contra el Ministerio Público por negar el acceso a información pública.
Jaime Mulet, quien fue sobreseído definitivamente en 2023de una causa seguida en su contra por el Ministerio Público. Mulet quien se ha querellado en contra del Fiscal Regional Alexis Rogat y el Fiscal Luis Miranda y de otros quienes resulten resposables por prevaricación y otros delitos solicitó información a la Fiscalía Regional de Atacama y a la Fiscalía Nacional de la investigación realizada en su contra entre los años 2017 y 2023, pero se le negó el acceso a la mayoría de los documentos. Esta negativa se considera ilegal y arbitraria, en violación de la Constitución y otras leyes pertinentes.
De acuerdo con los antecedentes descritos en el fallo, el Ministerio Público no entregó toda la información solicitada ni justificó adecuadamente su negativa, lo que constituye una infracción al principio de transparencia. La Fiscalía Regional de Atacama proporcionó solo una resolución y no se pronunció sobre otras solicitudes, omitiendo información relevante. Además, se argumentaron reservas basadas en secreto profesional y la privacidad de las comunicaciones, aunque estas justificaciones no fueron consideradas adecuadas. Finalmente, se solicita que se ordene al Ministerio Público entregar toda la información pública solicitada.
Los documentos solicitados en este reclamo incluyen resoluciones, comunicaciones internas e informes relacionados con Jaime Mulet Martínez entre 2017 y 2023. La ley establece la publicidad de los actos del Estado, permitiendo reservas solo en casos específicos.
Consultado el diputado Mulet por este medio señalo: “Se tramitan desde hace más de un año dos querellas en contra de fiscales, por delitos de prevaricación administrativa, delito en contra de garantías constitucionales, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Algún día se sabrá la verdad, como inventaron pruebas y por que me persiguieron tan injusta e indebidamente los fiscales. El daño fue demoledor. La justicia tarda pero llega.”