ECMPO Tifuka y Caleta Vieja: Diálogo, acuerdos y una oportunidad histórica para el borde costero de Atacama

ECMPO Tifuka y Caleta Vieja: Diálogo, acuerdos y una oportunidad histórica para el borde costero de Atacama

Por Rodrigo Díaz Plá, antropólogo social. QUIÑE, Centro de Investigación/Acción del Maritorio y las Sociedades Costeras.

En medio del debate nacional sobre el futuro de la Ley 20.249 (denominada Ley Lafkenche debido a su origen) y el ordenamiento del borde costero, la experiencia que hoy se desarrolla en Caleta Chañaral de Aceituno ofrece un ejemplo concreto —y poco visibilizado— de que los ECMPO no son sinónimo de conflicto, bloqueo o amenaza al desarrollo. Por el contrario, los procesos de solicitud de ECMPO Tifuka y Caleta Vieja, impulsados por la Comunidad Indígena Changos Álvarez-Hidalgo y Descendencia, muestran que es posible construir modelos de gobernanza costera donde todos los actores ganan: comunidades locales e indígenas, pescadores artesanales, municipios y distintos usuarios del litoral.

Los ECMPO no nacen para excluir, sino para proteger un territorio cultural y ecológico frágil, garantizar la continuidad de prácticas tradicionales y, sobre todo, impulsar una gestión más participativa y transparente de un espacio que ha sido históricamente intervenido sin la voz de quienes lo habitan. La comunidad changa ha insistido —y lo ha demostrado en cada instancia— en que estos procesos deben estar guiados por el diálogo, la información y el acuerdo, no por la imposición.

Una prueba concreta de ello son los acuerdos alcanzados con tres sindicatos de pescadores de Freirina, que serán integrados en el co-manejo y la co-administración de los futuros ECMPO. Este hecho es notable no solo por su valor político, sino por lo que representa en términos prácticos: pescadores artesanales e indígenas definiendo juntos normas de uso, conservación y acceso; construyendo reglas claras para actividades productivas sostenibles; y articulando estrategias para enfrentar amenazas comunes como la sobreexplotación, la presión industrial y los impactos del cambio climático. En esta misma línea, también es posible dar cuenta de la voluntad de la comunidad solicitante para desafectar parcialmente diversas partes del polígono de la solicitud de ECMPO Caleta Vieja para agilizar la construcción de una moderna nueva caleta, necesidad para todas y todos los vecinos de Chañaral de Aceituno.

Estos acuerdos permiten desmontar una de las críticas más frecuentes: que los ECMPO “cierran el mar” o impiden el desarrollo regional. La experiencia de Atacama muestra lo contrario. Los ECMPO ordenancoordinan y protegen, ofreciendo mayor certeza para quienes trabajan en el mar y reduciendo la competencia desregulada que tantas veces ha afectado a los propios pescadores. Al establecer límites, usos y estándares consensuados, se fortalecen las actividades locales —recolección, buceo, pesca de pequeña escala, turismo comunitario— y se crea un marco de gobernanza local que favorece la sustentabilidad a largo plazo.

Además, estos procesos abren una oportunidad única para avanzar hacia modelos de co-manejo intercultural, donde se articulan conocimientos tradicionales y herramientas técnicas modernas. En Tifuka y Caleta Vieja, la comunidad no solo ha invitado a otros actores a participar: ha promovido instancias de información pública, mesas de trabajo y acuerdos mutuos, convencida de que la conservación y el uso responsable del mar requieren de colaboración, no de imposición.

El borde costero de Atacama —y especialmente el Archipiélago de Humboldt— es uno de los ecosistemas marinos más valiosos del país. Protegerlo no significa detener su desarrollo, sino orientarlo hacia formas que respeten la biodiversidad, fortalezcan la economía local y reconozcan los vínculos histórico-culturales que las comunidades mantienen con este maritorio. Los ECMPO Tifuka y Caleta Vieja representan justamente eso: una herramienta para equilibrar intereses, no para enfrentarlos.

En tiempos donde la discusión sobre la Ley 20.249 suele ser capturada por discursos polarizantes, vale la pena mirar lo que está ocurriendo en Atacama. Allí, una comunidad indígena y pescadores artesanales están demostrando que es posible transformar los ECMPO en plataformas de cooperación, diálogo y gestión compartida del mar. Un recordatorio necesario de que la verdadera amenaza para el borde costero no es el reconocimiento de derechos, sino la incapacidad de sentarse a conversar.

El futuro del litoral chileno se juega en experiencias como esta. Y es precisamente ese camino —el del acuerdo, la corresponsabilidad y la protección del territorio común— el que debería inspirar la gobernanza marina de las próximas décadas.

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