Iniciativa conjunta desarrollada por la Delegación Presidencial del Huasco y la Agrupación PRAIS y Derechos Humanos
Avanzar fortalecidos desde la promulgación del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos que ha impulsado el Presidente Gabriel Boric, quien firmó ésta mañana el decreto supremo que constituye como política pública la iniciativa, que tendrá por mandato generar mecanismos institucionales para encontrar a las personas detenidas desaparecidas de la dictadura, ello además ad portas de los 50 años del Golpe de Estado en Chile.
En dicho contexto se llevó a cabo en la plaza “Ambrosio O´Higgins” de Vallenar, la conmemoración del día del detenido desaparecido, una iniciativa conjunta desarrollada por la Delegación Presidencial Provincial del Huasco y la Agrupación PRAIS y Derechos Humanos de Vallenar.
Como cada 30 de agosto hoy se conmemora el día del detenido(a) desaparecido(a) tanto en Chile como en el mundo. Víctimas de desaparición forzada, producto en su mayoría de las dictaduras militares, pero que también se han perpetrado a lo largo de la historia en procesos de transición y democracia. Esta violación a los derechos humanos por la conservación de la vida es un mecanismo para sembrar el terror en una determinada población, como una medida de represión política para quienes se oponen a estas instauraciones en la sociedad. Se conoce que el resultado de las dictaduras en Latinoamérica dejó alrededor de 90 mil personas desaparecidas.
“Nos hemos reunido en este acto público con el propósito de enviar un mensaje fuerte y claro para que este tipo de actos nunca más se vuelvan a repetir, ni en Chile ni el mundo”, señaló Rodrigo Loyola, Delegado Presidencial en la provincia del Huasco. “Avanzar en este Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada o Involuntaria de la Dictadura Cívico Militar en Chile, que ha impulsado el Presidente de la República es necesario y valorable, es imperioso que todos y todas quienes habitamos este hermoso país, hagamos el esfuerzo común para que se de este Plan, siempre con el diálogo y la participación estrecha de las agrupaciones de familiares y sobrevivientes y de las demás organizaciones de derechos humanos y de toda la sociedad”, expresó la autoridad de gobierno.
Desde el año 1975 familiares de personas detenidas desaparecidas luchan incasablemente por la verdad, justicia y castigo para los responsables, bajo el lema ¿Dónde están? Pero fue solo desde el año 2006 que logra instaurarse como fecha conmemorativa el 30 de agosto para rendir homenaje a todos y todas quienes un día fueron apresados y jamás volvieron a sus hogares.
Hay cientos de casos que hoy se mantienen en completa impunidad, tanto familiares, amigos y cercanos siguen exigiendo que los responsables paguen en cárceles comunes, sin privilegios, acabando también con los pactos de silencio.
Elsa López Serrazina, hija del ex alcalde Juan López Torres, ejecutado político en 1973, es la presidenta de la agrupación PRAIS y derechos Humanos, en Vallenar y expresó su satisfacción por la actividad desarrollada, sin embargo señaló la necesidad de que se incorporen todos(as) y conozcan los antecedentes que registra la historia en estos hechos ocurrido en el país. “Nos hubiese gustado que la actividad hubiera despertado el interés de toda la comunidad, nosotros nos iremos pero esta historia no puede terminar así, la memoria tiene que seguir así porque es la única manera de que las generaciones futuras luchen y se comprometan para que nunca más esto vuelva a suceder en Chile”.
“Un reconocimiento a la lucha incansable que han tenido los familiares de víctimas detenidas y desaparecidas y este plan de búsqueda que hoy ya contamos con este plan que es una política de Estado que se quiere hacer cargo de manera sistemática, de colaboración no solamente a los familiares sin que también con los tribunales de justicia para buscar verdad, justicia y reparación”, enfatizó Rodrigo Loyola.
Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos -contenidos en el Informe Rettig-, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, se constató un total de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. De ese número, 1.092 corresponde a detenidos desaparecidos y 377 a personas ejecutadas cuya muerte se logró acreditar, pero que su cuerpo nunca fue entregado a sus familiares. Hasta la fecha, 307 personas han sido ubicadas y entregadas a sus familias.
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