DECLARACIÓN PÚBLICA Cindy Quevedo Monárdez

DECLARACIÓN PÚBLICA
Cindy Quevedo Monárdez
Kuraka – Comunidad Indígena Colla Finca del Chañar

Hoy me dirijo a la opinión pública con responsabilidad y transparencia, para referirme a lo ocurrido en el proceso de Consulta Indígena por la Red de Salares Protegidos, particularmente respecto al Salar de Maricunga, y a las constantes declaraciones y reclamaciones de la Comunidad Pai Ote, que han acusado un supuesto “proceso acelerado” y una falta de vinculación de nuestra parte.

El día 3 de julio de 2025 se realizó la primera reunión oficial convocada por el Ministerio de Medio Ambiente. Desde esa fecha, nuestra comunidad participó activamente en cada etapa del proceso. El 12 de diciembre de 2025 se desarrolló la última reunión de diálogo destinada a alcanzar acuerdos finales.

Cumplimos con todos los plazos establecidos y entregamos nuestro informe dentro de los tiempos formales. Producto de ese trabajo serio y sostenido, se logró acordar la protección de más de 13 mil hectáreas del Salar de Maricunga bajo la categoría de Parque Nacional.

Mientras nuestra comunidad avanzaba en propuestas técnicas y jurídicas para fortalecer esta categoría de protección, otras comunidades solicitaron reiteradas prórrogas sin entregar siquiera un informe final.

Es importante decirlo con claridad: esto no es un conflicto entre comunidades. Es una diferencia profunda de visión entre quienes creemos que el territorio debe protegerse ahora y quienes buscan postergar indefinidamente decisiones urgentes que el salar necesita hoy.

El objetivo central de la consulta fue siempre la protección del territorio, el fortalecimiento de la categoría de Parque Nacional y el resguardo de los ecosistemas altoandinos, especialmente salares, lagunas, cuencas y biodiversidad asociada.

Instalar la idea de que las comunidades han sufrido “pérdidas” es incorrecto y confuso, ya que:

• Mantener la categoría de Parque Nacional no implica pérdida de derechos,

• Por el contrario, significa una mayor protección legal frente a actividades extractivas,

• Especialmente en un contexto de fuerte presión minera y de explotación del litio sobre los salares de Atacama.

Nuestra comunidad no ingresó a este proceso “por la ventana”. Contamos con título de tierras desde 1923, rutas de trashumancia reconocidas por CONADI, estudio antropológico que acredita nuestro vínculo histórico y espiritual con Maricunga.

Quienes conocen a la familia Monárdez saben que hemos vivido toda la vida en la cordillera: Cipriano Monárdez, Evaristo Monárdez, Anacleto Monárdez, Brenda Monárdez, Tomasa Monárdez, Raúl Monárdez, Pedro Monárdez, entre tantos otros. Existen además lugares que llevan nuestro apellido, donde antiguamente se establecieron majadas ocupadas por nuestros ancestros, tales como Quebrada de Monárdez, Cerro de Monárdez, Llanos de Monárdez y Portezuelo de Monárdez.

Esto no es coincidencia: es prueba del posicionamiento histórico de nuestro clan familiar y desmiente categóricamente los dichos de la Comunidad Pai Ote, que ha afirmado que no tenemos tierras, animales ni vida en el territorio. Queda demostrado que no todo lo que se publica en los medios es cierto ni ha sido debidamente verificado.

Nuestra participación fue validada por el propio Ministerio de Medio Ambiente.

También es un hecho público que en procesos vinculados a CEOL en Maricunga y Laguna Verde sí hubo participación activa de quienes hoy cuestionan esta consulta ambiental.

Resulta legítimo preguntarse:
¿Por qué la participación fue fluida cuando se trató de procesos asociados a explotación, y se volvió conflictiva cuando el objetivo era estrictamente ambiental y sin beneficios económicos de por medio?

Esa diferencia merece una reflexión honesta por parte de todos los actores involucrados.

En la consulta de salares protegidos no había dinero en discusión: había protección territorial. Maricunga se defendió cuando no existían intereses económicos de por medio.

Para una comprensión objetiva del contexto, es relevante señalar que:

• La comuna de Diego de Almagro inició su proceso de consulta indígena el 5 de julio de 2025,

• Contó con la misma cantidad de comunidades convocadas,

• Y concluyó su proceso en octubre del mismo año.

Este antecedente demuestra que los plazos utilizados en el caso de Maricunga no fueron excepcionales ni distintos a otros procesos desarrollados en la Región de Atacama. Por lo tanto, es incorrecto instalar la idea de un cierre apresurado cuando existen experiencias comparables dentro del mismo territorio.

Calificar este desenlace como un “apuro ilegal” no se condice con la realidad. El Estado no solo otorgó tiempo suficiente, sino que extendió el proceso más allá de su cronograma original.

Lo que ocurrió no fue un cierre precipitado, sino la consecuencia lógica de un proceso que no puede mantenerse abierto indefinidamente cuando existen acuerdos válidos y compromisos cumplidos.

La defensa del territorio se demuestra con coherencia.
Y Maricunga se protegió porque alguien decidió cumplir.

El Estado no puede quedar rehén de aplazamientos indefinidos. La legitimidad se demuestra respetando los procesos, no gritando más fuerte ni publicando más portadas en los medios.

Como Kuraka de la Comunidad Indígena Colla Finca del Chañar, reafirmo que nuestra postura ha sido y seguirá siendo clara:

Proteger el Salar de Maricunga como territorio sagrado, como ecosistema altoandino y como herencia para las futuras generaciones del Pueblo Colla y de todos los habitantes de Atacama.

Tenemos títulos de tierras desde 1923, más de un siglo de historia acreditada; lugares que llevan nuestro apellido; estudios antropológicos y rutas de trashumancia certificadas por CONADI, la única institución del Estado mandatada para ello.

Nuestra presencia no es inventada: está documentada, reconocida y es parte viva del territorio.

Atentamente,

Cindy Quevedo Monárdez
Kuraka
Comunidad Indígena Colla Finca del Chañar