DGA acoge denuncia de la CASUB y comprueban traslados ilegales de derechos de aguas por parte de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes

• Organismo denunció irregularidades en los puntos de captación y distribución irregular de caudales.
• Practicas se realizaban hace más de una década.

Como un hecho histórico y sin precedentes lo calificó la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó – Piedra Colgada – Desembocadura (CASUB), al lograr comprobar las irregularidades denunciadas a la Dirección General de Aguas (DGA), tras detectar puntos de captación de agua distintos a los autorizados y no informados, además de volúmenes de agua no respaldados por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes (JVRC).

La resolución de la DGA estableció la existencia de faltas graves en la distribución de las aguas, por parte del directorio de la JVRC, ordenando que en un plazo perentorio las captaciones se realicen en conformidad a sus títulos y se ajusten a la ley.

De esta forma, más de la mitad de los caudales distribuidos históricamente por la JVRC, deberán ser entregados en bocatomas autorizadas legalmente o de lo contrario deberán ser liberados al cauce natural del río Copiapó, sin poder ser utilizados en actividades industriales.

Dentro de las medidas correctivas que también deberá cumplir la Junta de Vigilancia, en conformidad al artículo 290 del Código de Aguas, están el cese de la distribución de aguas a 107 de sus usuarios, en su mayoría grandes consumidores, que accedían a ella en puntos de captación autorizados ilegalmente por la JVRC.

Asimismo, deberán reestructurar el modelo de distribución de aguas; abstenerse a realizar traslados al interior de los canales matrices Compuertas Negras y La Turbina; presentar en un plazo de 30 días el registro de comuneros de la JVRC actualizado, así como el del canal matriz Mal Paso; además de reembolsar los costos de la fiscalización en los que incurrió la CASUB, quienes debieron asumir el pago de 25 millones de pesos por la fiscalización solicitada en el año 2019, cifra que luego de una reconsideración quedó en $14.268.462.

Impresiones

Para el presidente de la Comunidad de Aguas Subterráneas, Germán Palavicino, “se ha escrito un precedente de que se tienen que hacer las cosas bien. Es una buena noticia para todos los que componemos la CASUB y para todos los que consumen esa agua: habitantes, flora y fauna. Era necesario hacer un ordenamiento completo y que de acá en adelante se hagan las cosas como corresponde”.

“Estamos esperando que se haga efectivo el cúmplase de todos los puntos y que se le entregue a cada usuario lo que le corresponde por derecho”, agregó Palavicino.

Según el abogado de la organización, Antonio Vargas, con esto buscan evitar que se siga afectando el desarrollo productivo y medioambiental a la parte baja del valle, debido a la entrega irregular de las aguas. “Se debe subrayar que el interés perseguido por CASUB es, únicamente, velar por la sustentabilidad hídrica de la cuenca”.

Agregando que “ésta es una resolución administrativa sin precedentes en contra de una Junta de Vigilancia a nivel nacional, razón por la cual agradecemos la fortaleza institucional de la Dirección General de Aguas, en tomar una decisión tan acabada desde el punto de vista técnico, privilegiando, sin duda alguna, el correcto balance de la cuenca del río Copiapó”.

Para finalizar, el administrador de la CASUB, Carlos Araya, aseguró que estarán atentos a que la JVRC cumpla con lo estipulado en la resolución, ya que “con el correr de los días, no se han visto indicios de que la organización quiera entregar la información solicitada, por lo que no descarta dar cuenta a la DGA para que tome las medidas correspondientes”.

“En este sentido, se debe señalar que ya existe una condena en costas, dictada por la Corte de apelaciones de Santiago en contra de la JVRC, en causa rol 190-2020, de fecha 24 de septiembre de 2021, por entorpecer la presente actividad de fiscalización hídrica”, detalló Araya.