Fiscalía formalizó a más de 80 personas por incumplir normas de salud pública en Atacama
Fiscal Regional, Alexis Rogat Lucero, indicó que el Ministerio Público está siendo inflexible en estos casos y pedirá ante el Juzgado de Garantía las sanciones que la Ley establece.
Tal y como lo había anunciado la semana recién pasada, la Fiscalía de Atacama, frente al aumento de casos de Covid 19 y la poca respuesta de la comunidad a las medidas preventivas adoptadas por la autoridad sanitaria, este fin de semana fueron detenidas y sometidas a la respectiva audiencia de control de detención más de 75 personas en las distintas comunas de la región.
De acuerdo a lo informado por el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, un total de 89 personas, fueron detenidas entre el pasado viernes y este domingo, luego de ser sorprendidas circulando en la vía pública sin contar con los permisos respectivos.
“La Fiscalía de Atacama lo informó oportunamente con la idea que la comunidad estuviera al tanto que el incumplimiento de las medidas sanitarias y de imposibilidad de circulación involucra una infracción al Artículo 318 del Código Penal. Razón que lleva al Ministerio Público a abrir una causa en contra de las personas que sean sorprendidas sin contar con las autorizaciones necesarias durante horario de toque de queda y los fines de semana para aquellas comunas en Fase 2 del Plan Paso a Paso y Fase 1 en el caso de la comuna de Diego de Almagro”, dijo el fiscal.
La autoridad recordó que de acuerdo a la Ley las sanciones establecidas por estos hechos, los infractores no contagiados arriesgan una pena de 61 días a 3 años de cárcel. Además de una multa que parte en los 302 mil pesos y que se eleva a los 10 millones. Mientras que en caso de ser portador del virus la pena privativa de libertad inicia en los 541 días y llega a los 5 años, mientras que respecto de la multa ésta va del millón 259 mil pesos y llega a los 12 millones 590 mil pesos.
Finalmente, Alexis Rogat Lucero reiteró el llamado a la comunidad regional para cumplir con las disposiciones sanitarias y así evitar exponerse a una investigación penal por este tipo de acciones que, además, ponen el riesgo la salud de ellos, de sus familias y de toda la población.