MÁS DE 1.600 VOCES EN TODO CHILE COINCIDIERON: EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA NECESITA UN CAMBIO ESTRUCTURAL
MÁS DE 1.600 VOCES EN TODO CHILE COINCIDIERON: EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA NECESITA UN CAMBIO ESTRUCTURAL
En Atacama, participaron profesionales, representantes de instituciones, organismos colaboradores y ciudadanos, quienes coincidieron en un diagnóstico: falta de recursos, alta rotación de equipos y débil articulación entre servicios, barreras que impiden una respuesta oportuna y efectiva para niños, niñas y adolescentes que requieren protección.
Con participación en las 16 regiones del país, el proceso “Hacia una Mayor Protección”, impulsado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, entregó un diagnóstico claro y contundente: el actual sistema de protección está sobrepasado y requiere transformaciones profundas para responder de manera efectiva a las necesidades de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, desarrollada entre agosto y septiembre de este año junto a Tenemos que Hablar de Chile, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Unión Europea, convocó a más de 1.600 personas —entre profesionales del área, autoridades, representantes comunitarios y exbeneficiarios— en espacios de conversación simultáneos a lo largo del país.
Un diagnóstico que no admite indiferencia
Los resultados del informe nacional dan cuenta de una percepción compartida: el sistema opera con una lógica reactiva, fragmentada y con recursos insuficientes. Los participantes identificaron tres causas estructurales que explican el aumento sostenido de niños y niñas que requieren protección:
- Falta de articulación intersectorial, que impide una coordinación efectiva entre salud, educación, justicia y protección, generando demoras y revictimización.
- Precariedad de recursos y financiamiento inestable, producto del modelo de licitaciones que impide dar continuidad a los procesos de reparación.
- Crisis transversal de salud mental, tanto en la niñez como en los adultos cuidadores, reconocida como una de las principales emergencias sociales del país.
Las voces recogidas desde los territorios no responsabilizan únicamente al sistema de protección, sino a un entramado social y económico que debilita las redes familiares, comunitarias e institucionales de cuidado.
Avances y desafíos
Pese a la dureza del diagnóstico, el informe también destaca avances significativos: la consolidación de un marco legal garantista, la creación de nuevas instituciones especializadas y una mayor conciencia social sobre los derechos de la infancia. Asimismo, se reconoce el alto compromiso de los profesionales del sistema, quienes sostienen, muchas veces en condiciones adversas, la red de atención en todo el país.
Sin embargo, los participantes coinciden en que estos avances no bastan si no se traducen en recursos estables, coordinación efectiva y un enfoque preventivo que priorice la salud mental y el fortalecimiento familiar.
Tres prioridades para una nueva etapa
El informe recoge un mandato ciudadano transversal que apunta a tres acciones urgentes:
- Aumentar y estabilizar el financiamiento del sistema, garantizando la continuidad de los programas y mejores condiciones laborales para los equipos.
- Fortalecer la coordinación intersectorial, mediante protocolos vinculantes y sistemas de información integrados entre las instituciones del Estado.
- Avanzar hacia un enfoque preventivo, con énfasis en salud mental, parentalidad positiva y redes comunitarias de apoyo.
Este llamado no solo busca fortalecer al Servicio de Protección, sino repensar el rol de toda la sociedad en el cuidado de la niñez. “Proteger no es solo reaccionar ante la vulneración, sino prevenir, acompañar y construir entornos seguros y afectivos”, resume el espíritu del proceso.
Un diálogo que se transforma en acción
“Hacia una Mayor Protección” no fue un ejercicio simbólico. Fue la oportunidad de escuchar a quienes trabajan, viven y conocen de cerca la realidad de la infancia en Chile. Más de 200 mesas de conversación revelaron una convicción compartida: la protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser una tarea nacional y sostenida, con corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la comunidad.
El desafío ahora es transformar ese consenso en políticas concretas, con una mirada de largo plazo. Porque cada historia de vulneración que se previene es, en sí misma, una señal de que Chile puede avanzar hacia una cultura del buen trato y del acogimiento.