Presidente del Frep apoya marcha contra las AFPs.
«No existe una justificación racional para mantener una cotización obligatoria que alimenta fondos administrados privadamente a un alto costo para el afiliado y con grandes incertidumbres respecto al nivel futuro de la pensión”.
El presidente del Partido Frente Regional y Popular (FREP), Jaime Mulet, entregó su pleno respaldo a la marcha contra las AFPs, que se realizará este domingo 16 de octubre próximo.
A través de una declaración pública, apoyada y redactada por un frente amplio de partidos y movimientos regionales, el ex diputado fijó una vez más su postura sobre esta materia.
Mulet indicó que “el escrito es una propuesta que consta de tres pilares fundamentales: Uno que se llama solidario y estructural, y en éste la idea es que el Estado le entregue a todo chileno, que cumpla con una determinada edad, una pensión mínima de 250 mil pesos mensuales”.
En segundo lugar, “queremos sugerir que haya un sistema de reparto, en el que el 10% de las cotizaciones sea un complemento a esa pensión básica para las personas, ello de acuerdo a su historia previsional y personal”.
El ex parlamentario también propuso “un tercer punto, donde las actuales cotizaciones que manejan las AFPs pasan a ser un componente voluntario para complementar la jubilación de cada chileno”.
Parte del texto indica que “en Chile, la tasa de reemplazo del salario hacia el fin de la vida activa por la pensión que provee el sistema de capitalización vigente es catastróficamente bajo (del orden de 35% en el caso de las mujeres y 40% en el caso de los hombres según la OCDE). Esto se debe a que los costos de administración son mucho mayores en los sistemas privados, (con una utilidad de las administradoras superior a 25% anual, lo que no tiene justificación alguna), junto a las lagunas previsionales propias del “mercado de trabajo” existente y al hecho que la capitalización es riesgosa al estar sujeta a rendimientos financieros aleatorios”.
Agrega “las pensiones promedio que las AFP pagan hoy a los cerca de 500 mil pensionados por este sistema rondan los 209 mil pesos mensuales, mientras simultáneamente se entrega altos subsidios a los grupos de más altos ingresos a través del mecanismo del Ahorro Previsional Voluntario. No existe una justificación racional para mantener una cotización obligatoria que alimenta fondos administrados privadamente a un alto costo para el afiliado y con grandes incertidumbres respecto al nivel futuro de la pensión”.
Además, “las jubilaciones con la modalidad de retiro programado en un plazo fijo de años son un simple e inaceptable juego de ruleta, pues nadie sabe a qué edad va a fallecer, y exponen al pensionado a la brusca disminución o suspensión de toda pensión a una edad avanzada”.
Manifiesta que “el fondo del problema que enfrenta la sociedad chilena es la incertidumbre radical de las pensiones futuras asociadas al sistema de capitalización individual, que no puede ser la base del sistema de pensiones. Los que no quieren que nada cambie encuentran una sola solución: aumentar la tasa de cotización obligatoria sin modificar la capitalización y su alto costo para los usuarios. No es nuestro punto de vista. Existe una alternativa distinta, sin AFP que reciban cotizaciones obligatorias”.
La declaración dice que “las opciones para asegurar ingresos en la vejez son básicamente dos: acumular ahorros individuales y programar su uso en la vejez aplicando tablas de promedio de esperanza de vida post jubilación o establecer un vínculo colectivo entre generaciones, en la que la generación activa paga pensiones a la pasiva a lo largo del tiempo (reparto). El reparto como sistema con beneficios definidos funciona en muchas partes del mundo y se adapta al envejecimiento de la población para mantener su equilibrio financiero adecuando en el tiempo la tasa de cotización, la tasa de reemplazo del salario por la pensión, los años de cotización y la edad de jubilación cuando disminuye el número de activos en relación a los pasivos”.
Señala que “los sistemas de reparto no “están quebrados” ni son inviables, como insisten los partidarios de la seguridad social privatizada. En el pasado, contra de los regímenes de reparto se subrayó en América Latina y en Chile la profusión de regímenes previsionales específicos de tipo corporativo que se fueron agregando en muchos países a lo largo del tiempo y fueron generando situaciones manifiestas de desigualdad de trato frente a situaciones similares, financiadas con impuestos generales y déficits e inflación”.
“El crecimiento inorgánico de regímenes corporativos de pensiones con privilegios evidentes y poco justificables en materia de edad de acceso y montos de las pensiones, así como de balance entre aportes y beneficios, como hemos podido observarlo en el sistema actual de las Fuerzas Armadas y de Orden, es inaceptable y nos opondremos a cualquier lógica corporativa y de privilegios actuales y futuros en materia de seguridad social”, indica el texto.