REFORMA LABORAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Yasna Provoste Campillay
Diputada de la República

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se plantea avanzar de manera decidida en el término de las desigualdades en Chile. Tenemos desigualdades que son más evidentes; como las socioeconómicas, las desigualdades en educación, en salud, en calidad de vida, desigualdades de género, entre otras.

El proyecto de modernización de las relaciones laborales que la Presidenta de la República acaba de enviar al Congreso, contiene algunos elementos muy valorables desde el punto de vista de la equidad de género, lo que es consistente con los valores de igualdad y no discriminación que la propia mandataria y la Nueva Mayoría hemos impulsado como un eje transversal de nuestro programa de gobierno.

En primer lugar, el proyecto de ley garantiza la integración de una mujer trabajadora en la comisión que negociará el contrato colectivo. Específicamente, la iniciativa señala que en el caso que el o los sindicatos que negocien tengan afiliación femenina y la respectiva comisión negociadora laboral no esté integrada por ninguna mujer trabajadora, se deberá integrar a una representante elegida por el o los sindicatos, de conformidad a sus estatutos. Si los estatutos no establecen nada al respecto, ésta deberá ser elegida por votación universal en una asamblea convocada para tal efecto.

Esta medida, desde luego, tiene un valor simbólico y de promoción de la participación de la mujer en los asuntos que afectan a todos los trabajadores y trabajadoras, pero va más allá de eso. Estudiosos de las relaciones laborales han observado, a partir de la presencia creciente de mujeres en las dirigencias sindicales, que la participación de éstas en los procesos negociadores se traduce en una aproximación más integral y de largo plazo a los beneficios del contrato colectivo. Además, la presencia de mujeres en las negociaciones colectivas ha permitido ir instalando en la agenda de la discusión el tema de la equidad de género, tanto en materia salarial como en lo relativo a condiciones de trabajo.

De manera que el proyecto de ley avanza en la dirección correcta y viene a complementar un fenómeno interesante que se ha observado en los últimos años. De acuerdo a estudios de la Dirección del Trabajo, la tasa de sindicalización en sindicatos activos, en 2012, era de 15.7% para los hombres y de 12.8% para las mujeres. Sin embargo, el crecimiento de la tasa de sindicalización de las mujeres, en los últimos siete años, ha sido de más de tres puntos porcentuales, mientras que la de los hombres ha crecido solo 0.4 puntos. Lo fundamental, entonces, es hacer converger los esfuerzos para acelerar el cierre de brechas tanto en materia de sindicalización como de la participación en instancias de decisión sobre los destinos colectivos.

En segundo lugar, el proyecto de ley de modernización de las relaciones laborales faculta a los sindicatos para solicitar a la empresa información sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, estableciendo la prevención de que ésta debe ser entregada con carácter general y de manera innominada. Esto genera condiciones para ir consolidando el principio: “A igual trabajo, igual remuneración” que es un largo anhelo de las mujeres, que dicho de otra forma lo que se busca consolidar es el principio de “igual pega, igual paga”, tanto en el diálogo bilateral sindicato-empresa como en la reflexión interna en el seno de los trabajadores representados y sus organizaciones, con vistas a impulsar iniciativas de cierre de la brecha salarial. Por cierto, ello no obsta para que, desde el sistema político, asumamos el desafío de hacer los ajustes que a todas luces requiere la Ley N° 20.348 sobre igualdad de salarios entre hombres y mujeres.

Finalmente, la posibilidad de ampliar las materias de negociación –aspecto muy importante del proyecto de ley– hará posible introducir temas de conciliación de vida laboral y familiar, deseablemente en la perspectiva de facilitar la responsabilidad compartida en el cuidado de terceros. Asimismo, la ampliación de materias permitirá impulsar, de común acuerdo, políticas para la igualdad de oportunidades en la empresa en ámbitos como acceso a la capacitación, desarrollo de carrera, etc.

En definitiva, apoyar este proyecto es apostar por el futuro. Es ayudar a consolidar las tendencias profundas que cruzan nuestra sociedad por mayor igualdad de oportunidades, no discriminación e impulso a los talentos de hombres y mujeres. Y todo ello en el marco de una reforma integral consagrada a introducir mayor simetría en las relaciones laborales, combinando objetivos de mayor igualdad con objetivos de mayor productividad, fomentando el diálogo y la colaboración. Contra los agoreros del pesimismo, esta es una buena reforma para Chile, por eso la apoyaremos y defenderemos con profunda convicción.