Gobierno anuncia reforma a Gendarmería tras desbaratar red de corrupción y respalda a su director

El Gobierno anunció este martes el envío al Congreso de una reforma constitucional a Gendarmería de Chile, luego de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que permitió desarticular una red de corrupción al interior del organismo penitenciario. En el procedimiento fueron detenidos 44 gendarmes, acusados de ingresar elementos prohibidos a recintos carcelarios a cambio de sobornos.

En un punto de prensa, el Presidente Gabriel Boric señaló que los hechos obligan a “hacer un cambio institucional” y comunicó la decisión de separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Según explicó, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las tareas de reinserción quedarán radicadas en el Ministerio de Justicia, a través de una nueva entidad especializada.

El Mandatario indicó que la propuesta fue conversada con el Presidente electo, José Antonio Kast, durante la reunión sostenida el lunes en La Moneda, y expresó su expectativa de que la iniciativa cuente con apoyo transversal. “El combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tiene que haber diferencias políticas”, afirmó.

Boric agregó que abordar de manera conjunta la seguridad carcelaria y la reinserción es clave para la agenda de seguridad pública y que esta reforma es una transformación largamente postergada.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respaldó al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, pese a los cuestionamientos surgidos tras sus declaraciones sobre el control de las cárceles. “Gracias al trabajo que ha liderado el director nacional de Gendarmería es posible la intervención realizada hoy en Santiago Uno”, sostuvo, reiterando que cuenta con el respaldo del Gobierno.

Pérez asumió el cargo el pasado 14, luego de la renuncia de Sebastián Urra, quien dejó la dirección tras autorizar el traslado de su hermano, el sargento Marcos Urra, a la región de Aysén. Dicho traslado, gestionado en un plazo de cinco días, habría infringido la normativa interna de la institución y generado un conflicto de interés.