Codelco presenta querella criminal por presunto caso de corrupción
Codelco presenta querella criminal por presunto caso de corrupción
Codelco interpone querella criminal por cohecho y lavado de activos en millonaria disputa con Belaz Movitec, involucrando a exautoridades y abogados.
Codelco presentó una querella criminal por un presunto caso de corrupción que involucra a ex autoridades judiciales, abogados y operadores vinculados a la tramitación irregular de una demanda contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM). La acción judicial apunta a delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos que habrían afectado gravemente los recursos públicos.
Querella de Codelco apunta a exministra de la Corte Suprema y abogados por delitos de corrupción
La acción legal, ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fue presentada contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Francisca Vivanco Martínez y Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, sindicados como presuntos autores de cohecho agravado y lavado de activos.
También se querelló a los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Andrés Vargas Cociña, imputados por soborno y lavado de activos en la tramitación del juicio donde Codelco fue obligada a pagar más de $17 mil millones al consorcio CBM.
La acción asimismo incorpora en la modalidad culposa del delito de lavado de activos a funcionarios de los Conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, junto a Harold Pizarro, dueño de una casa de cambios que habría operado como intermediario.
Fundamentos: fiscalía confirma sospechas de irregularidades en favor de CBM
La querella se sustenta en antecedentes que la Fiscalía expuso durante la formalización de Lagos, Vargas y Migueles Oteiza.
Según el Ministerio Público, las irregularidades detectadas en el proceso judicial contra CBM habrían derivado en un “patrón de intervenciones indebidas” que favorecieron al consorcio en distintas instancias procesales, generando resoluciones contrarias al interés fiscal.
La estatal explica que la exministra Vivanco habría realizado gestiones para que su sala conociera una orden de no innovar y resolviera el fondo del recurso, pese a que no existía resolución del presidente de la Corte Suprema habilitándola.
Asimismo, habría instruido la emisión de una resolución que intentaba validar el conocimiento del fondo sin el decreto previo, lo que —según Codelco— constituye una infracción grave a sus deberes y habría sido realizado a cambio de beneficios económicos.
Cohecho y pagos ilícitos: depósitos coinciden con resoluciones contra la estatal
El escrito detalla evidencias de cohecho que incluyen depósitos en efectivo recibidos por la pareja de la exministra Vivanco, realizados poco después de que Codelco efectuara pagos millonarios al Consorcio Belaz Movitec.
La Fiscalía expuso que pagos efectuados por Movitec a los estudios jurídicos Lagos y Vargas coincidieron temporalmente con resoluciones judiciales desfavorables para la estatal. Parte de estos fondos habría sido ocultado mediante depósitos triangulados y operaciones con intermediarios.
Operaciones sospechosas y rol de los intermediarios
La investigación identifica la participación de terceros como Yáber, Najle y Pizarro, quienes habrían ejecutado operaciones financieras destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos.
Estas maniobras incluían transferencias bancarias, depósitos en efectivo y uso de cuentas de terceros para camuflar recursos provenientes —según la querella— de sobornos y cohecho.
Codelco destacó que ha cooperado activamente desde el inicio de la indagatoria, aportando antecedentes y solicitando diligencias para esclarecer el caso.
Codelco reafirma su rol como víctima y su compromiso con la transparencia
La minera estatal sostuvo que es “víctima directa” de este esquema y que continuará ejerciendo todos los derechos que la ley le otorga como parte querellante, con el fin de proteger los recursos públicos.
También reiteró su compromiso institucional con la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción, asegurando que seguirá colaborando con la Fiscalía y otras instituciones.
La querella fue declarada admisible y marca una nueva fase en el proceso judicial
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella, lo que abre paso a nuevas diligencias investigativas que buscan establecer las responsabilidades penales de los involucrados.
La acción legal representa un hito relevante dentro del caso, pues busca sancionar los presuntos delitos y evitar que prácticas indebidas afecten nuevamente el patrimonio del Estado.