Esta semana la Cámara Baja por unanimidad despachó al Senado para su segundo trámite legislativo, el proyecto de ley sobre ejecución de sanciones penales, avanzando en la agenda de seguridad ciudadana y prevención del delito.
Este trabajo legislativo modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales del Proyecto de Ley presentado en 2018 por los entonces diputadas y diputados Carmen Hertz, Jorge Alessandri, Renato Garín, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Diego Schalper y Matías Walker.
Sobre la iniciativa, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay explicó que las modificaciones impulsadas por el proyecto de ley representan una de las reformas más significativas al sistema procesal penal.
“Esta reforma viene a completar el sistema, dijo la autoridad regional, pues establece un control de carácter jurisdiccional respecto de la fase de la ejecución de la pena. Esta instancia era anhelada por diversas instituciones que participan del sistema de justicia penal, centros de estudio, parlamentarios y en general de la doctrina. Esto también supone avanzar en seguridad penitenciaria, pues entregará herramientas al Poder Judicial para colaborar desde los tribunales especializados en la ejecución de las penas y establecerá medidas de seguridad para vigilar el cumplimiento penitenciario y detectar necesidades del sistema ante eventuales aumento en la conflictividad al interior de las unidades penales”.
Entre las claves del proyecto, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay, detalló que junto con establecer un control jurisdiccional de la ejecución de penas y medidas de seguridad, permitirá la asignación de jueces especializados y salas exclusivas para la ejecución de penas; creará un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y especializado; y perfeccionará los mecanismos de control judicial de la ejecución penal.
Vale recordar que la acción legislativa se da en el marco de la actual situación penitenciaria que vive el país, donde se ha experimentado un alza sin precedentes de la población privada de libertad.
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