Diversas actividades se desarrollaron en Atacama para prevenir y controlar la ocurrencia del delito de trata de personas en la región, además de coordinar el apoyo a las posibles víctimas de este flagelo social, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y diversos organismos internacionales, han calificado como una forma de esclavitud moderna, en la que las personas, mediante el engaño o la violencia, son explotadas con fines sexuales, laborales, de servidumbre, tráfico de órganos, mendicidad, o incluso para la guerra.
Capacitaciones masivas a funcionarios públicos y efectivos policiales, además de la creación de la Mesa Regional de Trata de Personas, son las primeras medidas que el gobierno ha dispuesto en Atacama para generar conciencia y coordinar los esfuerzos de instituciones públicas y privadas en la prevención y control de este delito, que a la fecha no registra casos conocidos en la región, pero que en el país ya sobrepasa con creces el centenar, y a nivel mundial ya suma más de 2 millones 500 mil víctimas según registros de la ONU.
Ambas actividades fueron presididas por el Intendente Miguel Vargas Correa, y en ellas, un equipo especial constituido por profesionales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el Ministerio Público, generó los conocimientos y herramientas necesarias para prevenir este delito que es la tercera actividad más lucrativa en el mundo, después del narcotráfico y el tráfico de armas, y en el que se vulneran todos los derechos humanos de las víctimas.
Atacama, es la quinta región del país en la que se instaura la Mesa de Trata de Personas, que tiene por objetivo coordinar los esfuerzos y potencialidades de las instituciones públicas para prevenir y detectar la ocurrencia de este delito, y generar un diagnóstico de la realidad regional, instancia en la que el Intendente Miguel Vargas comprometió todos los esfuerzos, y a la vez destacó que la Presidenta Michelle Bachelet lo ha definido como una de las prioridades en su programa de Gobierno, y que se ha materializado en la firma de tratados y compromisos internacionales, el trabajo de comisiones en cada una de las regiones, y la creación de una plan de acción nacional contra la trata de personas.
Al respecto, Carolina Rudnick, abogada del departamento de Crimen Organizado de la Subsecretaría de Interior, explicó que este es un delito que en el país ya registra casos, y que se diferencia del tráfico ilícito de migrantes, ya que este se realiza con la voluntad de las víctimas, es decir, estas aceptan ser trasladadas de un destino a otro en condiciones inhumanas, mientras que en la trata de personas el delito ocurre mediante el engaño o la utilización del poder y la violencia.
A la vez explicó que las capacitaciones a funcionarios públicos y a la comunidad, tienen por fin visibilizar este delito y de que puedan ser potenciales denunciantes de su ocurrencia, ya que en la mayoría de las ocasiones son denuncias de terceros las que han llevado en el país a conocer los casos ocurridos, y no por denuncias de las propias víctimas, ya que estas se encuentran en condiciones que no les permiten salir de los lugares de su cautiverio, o bien son amenazadas con el daño a sus familias, o por desconocimiento del idioma y/o del funcionamiento de las instituciones públicas de gobierno.
CASOS EN EL PAÍS
189 personas han sido víctimas de este delito en Chile, y en la mayoría de los casos son de origen extranjero, aunque también se han detectado víctimas connacionales.
El caso más emblemático (por ser el primero con condena en los tribunales de justicia de nuestro país) lo constituye el de «los bolivianos de las torres de alta tensión de Molina», en el que 64 ciudadanos bolivianos fueron ingresados ilegalmente al país para trabajar en la instalación de torres de alta tensión en la citada ciudad de la región del Maule, no percibiendo pago por su trabajo, viviendo en condiciones de hacinamiento, y sobrepasando las horas de trabajo establecidas en la legislación chilena, hecho ocurrido el 2013.
Un segundo caso, es el ocurrido el 2012 en la ciudad de Salamanca ubicada en la cuarta región del país, donde 3 chilenos, un dominicano y un colombiano, traían mujeres colombianas para explotarlas sexualmente en un prostíbulo de la ciudad, donde estas debían prostituirse contra su voluntad.
Otro caso más antiguo, es el detectado el año 2005 por la Policía de Investigaciones en Antofagasta e Iquique. El Modus Operandi, consistía en la oferta de trabajo que se realizaba en una agencia de empleos ubicada en la ciudad de Tacna en Perú. En dicha ciudad una boliviana reclutaba mujeres para trabajar en Chile como asesoras de hogar, les ofrecían la tramitación de su documentación de ingreso al país, y el ingreso mismo hasta la ciudad de Arica, aprovechando el convenio de libre tránsito entre las Ciudades de Arica y Tacna. Sin embargo, una vez en nuestro país, las engañaban trasladándolas hasta las ciudades de Iquique y Antofagasta, quedando en condición de ilegales, retirándoles la documentación, y obligándolas a trabajar como prostitutas en establecimientos nocturnos de esas ciudades.
Uno de los casos más bullados y actuales en nuestro país (2014), lo constituye la presunta explotación laboral contra 61 ciudadanos paraguayos que se habría producido en la ciudad de Rancagua en uno de los fundos del ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, caso por el cual se desarrollaron juicios en Paraguay, y que fue conocido gracias a que en mayo de 2011, 6 personas empleadas en el viñedo escaparon y llegaron a Paraguay con un pasaje aéreo pagado por sus familiares, país en el que estamparon la denuncia.
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