Atacama: Fiscalía cuantifica perjuicio fiscal en más mil millones de pesos en caso Gendarmería
Atacama: Fiscalía cuantifica perjuicio fiscal en más mil millones de pesos en caso Gendarmería
Este domingo se desarrolló la audiencia de formalización por delitos de corrupción ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, respecto de la arista por actos cometidos en la mencionada institución. La jornada de este lunes continuará la instancia para la comunicación de cargos por los actos indagados en el Ejército y el Servicio de Reinserción Social Juvenil.
La Fiscalía de Atacama desarrolló en una extensa audiencia de formalización, desarrollada este domingo ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, la comunicación de cargos a los imputados detenidos por su participación en delitos de corrupción que están siendo indagados por la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica y la Bridec y Brilac de la PDI de esta comuna.
La audiencia fue asumida por el fiscal de la mencionada unidad investigativa, Luis Miranda Flores, quien dio cuenta de cada uno de los antecedentes reunidos durante la indagatoria y que dicen relación, de forma detallada y con distintos medios de prueba, de la participación de ocho imputados en la arista “Gendarmería”, explicando paso a paso las distintas etapas de la comisión de los ilícitos, esto es las coordinaciones y la postulación para la venta de insumos para el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, la adjudicación de las compras, el pago de los proveedores y finalmente la distribución de dinero obtenido de forma ilícita. Todo lo cual está documentado con la evidencia reunida por la Fiscalía y la PDI.
“El día de hoy la Fiscalía logró argumentar los antecedentes de la primera arista de esta causa que es la de Gendarmería y que es la que contempla el perjuicio económico global más importante, estamos hablando de una afectación fiscal de más de mil millones de pesos. Concretando la comunicación a los imputados que están siendo investigados por delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación criminal y lavado de activos”, dijo el fiscal.
En su relato el fiscal Miranda indicó que los hechos sometidos a la indagatoria abarcan desde febrero del año 2022 hasta el año 2026, periodo en que se detectó el perjuicio fiscal mediante la tramitación de órdenes de compra adjudicadas a la Comercializadora Santa María de la comuna de Buin, y otro monto a través de comprar ágiles aprobadas irregularmente a la empresa FyF Spa. Detectando la investigación, además, que parte importante de estos montos se tramitaron los últimos días de los años en que se centró la presente investigación, incumpliendo los imputados funcionarios públicos los deberes de probidad de sus cargos, previa coordinación con las personas naturales detenidas en esta causa. “La investigación llevada a cabo pudo determinar que los montos que fueron adjudicados a las mencionadas empresas proveedoras de insumos a Gendarmería fueron creciendo de manera exponencial año a año”, dijo Miranda. Agregando que, respecto del delito de cohecho, la investigación en esta arista detectó 11 episodios de pagos a una de las imputadas, dinero que luego fue transferido al resto de los investigados.
“La empresa Santa María se adjudicaba de manera privilegiada estas operaciones teniendo presente que prometía entregar los insumos sujetos a la compra en el plazo de un día, en circunstancias que estaba ubicada a más de 650 kilómetros de Copiapó. Ese antecedente junto a muchos otros como conversaciones vía WhatsApp, interceptaciones telefónicas, transferencias bancarias y declaraciones permiten a la Fiscalía de manera fundada entender que nos encontramos ante esos crímenes cometidos de manera reiterada”, señaló.
Sobre los insumos adquiridos, el persecutor indicó que no está en discusión que éstos hayan llegado finalmente a la comuna, lo que se investigó fue que los precios asociados no eran los más competitivos, que las empresas recibían información privilegiada, que había coordinación previa con determinados funcionarios públicos y que éstos recibían pagos irregulares por este concepto.
Al final de esta primera parte de la formalización, dos funcionarios públicos pertenecientes a la institución uniformada quienes solicitaron prestar declaración, además de una detenida adulta mayor familiar de una de las imputadas perteneciente a Gendarmería y quien recibía los pagos irregulares, estimados entre 20 y 30 millones de pesos, en su cuenta bancaria para luego ser distribuidos entre los involucrados, quedaron con la cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
ETAPA DOS
Finalmente, el fiscal Luis Miranda Flores indicó que, durante la mañana de este lunes, la audiencia de formalización respecto de las otras personas detenidas continuará. Instancia en que se conocerán los antecedentes indagados y que dicen relación con las otras aristas investigativas referidas al Ejército y al Servicio de Reinserción Social Juvenil.
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