Prsidenta Michelle Bachelet promulga ley sobre financiamiento de campañas: «Estamos dejando el poder del dinero fuera de la política»
La ley prohíbe el aporte de empresas y consagra la pérdida del escaño para quienes infrinjan las normas. La Mandataria además promulgó la nueva Ley de Partidos Políticos.
Fuente: latercera.com
Hasta el Museo Histórico Nacional en la Plaza de Armas llegó la Presidenta Michelle Bachelet para promulgar dos de los proyectos claves de la agenda de probidad: la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y la que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización.
La primera iniciativa tiene como objetivo regular el financiamiento de las campañas políticas. La nueva ley fija un financiamiento estatal para los partidos políticos, prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas y rebaja el límite del gasto electoral.
Sin embargo mantiene los aportes anónimos bajo la denominación de “aportes menores sin publicidad”. Adicionalmente, se fijan nuevas restricciones para la propaganda electoral y se consagra que podrán perder su escaño quienes cometan infracciones graves a la ley electoral.
En cuanto a la Ley de Partidos, la norma busca que las colectividades se conviertan en entidades jurídicas de derecho público, encargadas de promover la participación ciudadana, en especial de mujeres, y jóvenes.
Entre las principales medidas se plantea que el Servel actuará como ministro de fe en las elecciones internas de los partidos, y que las directivas de las colectividades se elegirán por sus militantes o por órganos intermedios. En este último caso, dicho organismo deberá elegirse mediante el mecanismo de “un militante, un voto”.
Por otro lado, la ley fija una cuota de género, decretando que los órganos colegiados de cada partido tendrán que contar necesariamente con al menos un 40% de representantes de un determinado género. Adicionalmente, la norma contempla los deberes de probidad, transparencia y rendición de cuentas de los partidos, haciendo efectivo el derecho de acceso a la información para los afiliados y la ciudadanía en general.