Comisión de Inversiones analizó las nuevas herramientas del CORE Atacama

  • Según la Ley de Gobiernos Regionales los Cores pueden convocar, fiscalizar y modificar acciones de los organismos públicos.

En una reciente reunión realizada por la Comisión de Inversiones del Consejo Regional, se trataron temas relacionados a fortalecer el trabajo de dicha comisión en el contexto de la nueva ley de gobiernos regionales que estableció como acto de descentralización los gobernadores.

De acuerdo a esto, mediante un informe del equipo jurídico del CORE y consultado a la Asociación de Consejeros Regionales a nivel nacional, se indica que el Consejo Regional en el artículo 36 de dicha ley tiene por obligación fiscalizar y aprobar inversiones regionales, como también la potestad de solicitar e indicar a los funcionarios claridad e información de actos administrativos que involucren inversiones públicas u actos que definan políticas públicas de la región.  En este marco legal, los consejeros a diferencia del gobernador y su equipo pueden convocar, fiscalizar y solicitar modificar acciones que realicen organismos como las seremías y otros.

Una vez asentado el nuevo rol y atribuciones del CORE se presentó a comisión el trabajo del equipo asesor del CORE en aspectos de la administración pública, respecto a la situación del desarrollo de inversión que han recibido los diversos actores del proceso, especialmente las municipalidades, observando en ello los recursos entregados y cuanto han gastado a la fecha.

Con respecto a esto, el Presidente de la Comisión de Inversiones, del Consejo regional, Gabriel Manquez, sostuvo que “esto nos permitirá que los consejeros puedan fiscalizar en sus territorios el accionar de las soluciones financiadas a las municipalidades, por parte del GORE de Atacama. A la vez, se entrega una guía de aplicación del trabajo del CORE sobre las diversas glosas, que son tipos de financiamientos, que se aplican en la región”.

La autoridad enfatizó además que “lo más relevante es que se observó que a la fecha se han tomado definiciones de construcción de casas en Atacama, desde la Seremía de Vivienda sin consultar a la Comisión Regional de Seguimiento y Evaluación del Convenio, la cual nunca ha sido citada para dialogar y levantar herramientas para construir casas en la región a través del Convenio de Vivienda que tiene el MINVU y el Gobierno Regional de Atacama. Sin pasar a análisis de esta comisión que debía sesionar cada tres meses se han definido y difundido a través de la prensa la construcción de viviendas en diversas comunas, de forma unilateral, por parte de la Seremía de Vivienda. Esto será conversado con el seremi y los equipos jurídicos sobre la valides de estos actos y buscar a su vez acelerar los procesos de solución de los problemas de no tener casa, más que construir espacios electorales con la definición de políticas públicas”, explicó el Consejero Manquez.

EXIGENCIAS PARA APROBAR RECURSOS

Durante la reunión, se informó que hace unos meses se aprobaron 20 mil millones de pesos en proyectos por parte del Intendente, antes de la llegada del Gobernador al cargo, haciendo que la cifra de rezago de gastos en Atacama en las diversas municipalidades y otros organismos supere los 44 mil millones de pesos, sin sumar 100 mil millones de arrastre histórico que tiene sin gastar el Gobierno Regional de Atacama.

Sobre lo mismo, en representación de la Comisión de Inversiones del CORE, su Presidente Gabriel Manquez, comentó que “si se ejecutarán estos proyectos permitiría contratar a toda esa mano de obra que no clasifica para la gran minería y otra actividad, pudiendo activar a los contratistas locales y, por ende, al comercio. Ante este escenario la Comisión de Inversiones tomó la posición de no aprobar ninguna cartera de proyectos a financiar si no se buscan las exigencias para que los municipios y otras unidades ejecutoras cumplan con gastar los recursos que se han dispuesto y que a la fecha no se concretan”.

Mientras que, dicha comisión aprobó un programa de visita a los municipios para plantear la preocupación de los Consejeros Regionales por: la no ejecución de los presupuestos; la falta de colaboración de las seremías; y, a su vez, escuchar desde los alcaldes y alcaldesas cuáles son los proyectos priorizados que debiesen financiar para el 2022, en razón que hay nuevos jefes comunales. Por último, se acordó convocar en el contexto de la nueva ley del gobierno regional a los seremis para revisar y mejorar sus procesos.