Declaración Pública
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La certeza jurídica en vilo: El costo de la re-judicialización
En la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) observamos cómo el legítimo derecho a la protección ambiental ha mutado hacia un mecanismo de paralización sistemática que asfixia la inversión regional. Lo ocurrido recientemente con el proyecto de prospección El Alto, de Barrick, excede el análisis de un caso particular: es la radiografía de un sistema institucional quebrado. Hoy, el enorme perjuicio que la re-judicialización tiene sobre los proyectos de inversión, amenaza con estrangular el encadenamiento productivo de nuestros proveedores locales y las oportunidades de desarrollo para las comunidades de Atacama y de las regiones mineras.
El expediente de El Alto ilustra un muro judicial y un estigma que la compañía ha debido sortear durante años, intentando dejar atrás los asumidos errores del pasado. Sin embargo, en el tablero jurídico chileno, la RCA –un proceso riguroso, exigente y normado– ya no es el final, sino el punto de partida para la judicialización que el propio sistema permite para demorar proyectos que, técnicamente, cumplieron con todos los requisitos solicitados. Las resoluciones técnicas aprobadas por todos los actores convocados para ello ya no pueden considerarse garantía en el sistema ambiental-judicial chileno.
Desde CORPROA manifestamos nuestro malestar ante un escenario que no otorga certezas a ninguno de los actores. La judicialización de proyectos ya aprobados no solo castiga los balances de las compañías titulares, su impacto más severo se ejerce sobre la economía local. Cada sondaje detenido, cada RCA aprobada e impugnada, significa menos contratos para las pymes, menos empleos para la región y una Provincia de Huasco golpeada por la cesantía. Menos recursos para el desarrollo social de Atacama y el país.
La protección de nuestro patrimonio natural es un imperativo innegociable, pero no puede construirse sobre la base de la inseguridad jurídica ni la desconfianza permanente en los órganos técnicos. Exigimos que el Estado garantice un arbitraje oportuno, restituyendo el valor de las resoluciones ambientales. Sin reglas claras que respeten los procesos debidamente cumplidos, el futuro de Atacama y de otras regiones quedará congelado en tribunales.
Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama
CORPROA