Exdirigente vecinal de Vallenar es condenado por apropiación indebida de más de $11 millones destinados a proyectos comunitarios
Exdirigente vecinal de Vallenar es condenado por apropiación indebida de más de $11 millones destinados a proyectos comunitarios
Un duro golpe sufrió la Junta de Vecinos Población Ventana de Vallenar luego que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenara al ex presidente de la organización, Pablo Antonio Portillo, como autor del delito consumado de apropiación indebida de recursos destinados a proyectos comunitarios, por un monto total de 11 millones 477 mil 160 pesos.
Los hechos se remontan al período 2021-2023, cuando Portillo presidía la organización vecinal tras ser elegido por amplia confianza de los socios. Durante su gestión, la junta obtuvo financiamiento para tres iniciativas destinadas a fortalecer el desarrollo comunitario, recursos que, según estableció el tribunal, nunca fueron utilizados para los fines comprometidos.
El proyecto de mayor envergadura correspondía a un fondo FONDART por 9 millones 579 mil 160 pesos, destinado a realizar talleres culturales, actividades de integración y un festival para la población, evento que jamás se concretó.
A ello se sumó un proyecto del Fondo Social Presidente de la República por 1 millón 500 mil pesos, destinado a la compra de una carpa tipo toldo y equipamiento para actividades vecinales, además de un aporte de 398 mil pesos entregado por la empresa Nueva Atacama para la adquisición de un horno industrial.
De acuerdo con los antecedentes presentados durante el juicio, los recursos fueron retirados desde la cuenta bancaria de la organización, pero las actividades nunca se ejecutaron ni se entregó la documentación que respaldara el gasto de los fondos.
Nancy del Carmen Madariaga Gallardo, actual segunda directora de la Junta de Vecinos Población Ventana y testigo en el proceso judicial, recordó que Portillo generó desde un comienzo una importante confianza entre los vecinos.
«Era un hombre joven, muy activo y muy proactivo. Todos confiamos en él», señaló la dirigente, quien relató que con el paso de los meses comenzaron las dudas al comprobar que los proyectos no avanzaban y que el dirigente se ausentaba constantemente.
Según explicó, el entonces presidente solicitaba al tesorero un adulto mayor retirar el dinero desde el banco, comprometiéndose a entregar posteriormente las boletas y facturas, antecedentes que nunca fueron presentados.
En abril de 2023, tras la intervención de funcionarios de la Seremi de las Culturas, Portillo participó en una asamblea con cerca de 50 vecinos, donde reconoció problemas administrativos y solicitó un plazo de dos semanas para ordenar la documentación. Sin embargo, nunca volvió a entregar antecedentes ni retomó contacto con la organización.
Como consecuencia de la falta de rendición de los recursos, la Junta de Vecinos quedó impedida de postular a nuevos proyectos y enfrentó acciones impulsadas por el Consejo de Defensa del Estado para recuperar los dineros públicos comprometidos, situación que ha afectado gravemente el funcionamiento de la organización y a sus integrantes, en su mayoría adultos mayores.
Durante el juicio, Portillo sostuvo que existió desorden administrativo y una mala gestión de los proyectos, argumento que fue descartado por el tribunal, el cual concluyó que el exdirigente se apropió deliberadamente de los recursos destinados a beneficiar a la comunidad.
La sentencia impuso a Pablo Antonio Portillo una pena de dos años de presidio menor en su grado medio, el pago de una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y la suspensión para ejercer cargos u oficios públicos mientras dure la condena. No obstante, el condenado cumplirá la pena bajo el beneficio de remisión condicional, permaneciendo durante dos años bajo supervisión administrativa de Gendarmería de Chile.
Fuente: Soy Copiapó – Diario Atacama