Participación Ciudadana y legitimidad municipal: El desafío del Royalty Minero en Atacama
Participación Ciudadana y legitimidad municipal: El desafío del Royalty Minero en Atacama
El actual contexto legislativo en Chile procesa un conjunto de medidas presentadas por la administración del presidente Kast, las que se orientan, en mayor parte, al recorte del gasto público en materias sensibles para la población como en el caso de las transferencias en el área de salud y otras sociales. A esto se suma un apartado en materia tributaria que permite mejores condiciones a quienes concentran la riqueza en el país, dejando en mayor exposición a las familias chilenas. Frente a este escenario de reducción del Estado frente al mercado, cobra más fuerza los alcances de la ley núm. 21.591, de Royalty Minero. Hoy en día, esta ley que reivindica a las regiones cobra un valor estratégico, pues, aporta a las comunas la tributación a la actividad económica de la minería. La Ley de Royalty Minero es una conquista histórica, sin embargo, es necesario seguir su constante perfección.
Esta iniciativa, impulsada decididamente por sectores de la izquierda y el centro en Chile, que ya es ley de la República, consiste en términos sencillos en un impuesto aplicado a las grandes empresas mineras que operan dentro del territorio. Aunque fue una ley respaldada por la ciudadanía, existió una mantenida critica por los sectores empresariales y políticos de la derecha, quienes especulaban sobre la fuga de inversión que produciría, algo que no ocurrió. Así, el Royalty se ha transformado en una de las mayores inyecciones de recursos nuevos al sistema municipal desde el retorno a la democracia. Siendo una política pública orientada a la descentralización política y económica en Chile, sobre la base de la capacidad soberana de cada municipio para ejecutar dicho gasto.
La realidad de estas transferencias ya es palpable en Atacama. Según los datos oficiales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y la Tesorería General de la República (TGR), durante el mes de abril de 2026, las comunas de la Región de Atacama recibieron un total de $7.859 millones de pesos acumulados entre las primeras dos cuotas del año. Estas inyecciones —provenientes del Fondo de Comunas Mineras (FCMI) y del Fondo de Equidad Territorial (FET)— sitúan a nuestra región en el centro de la discusión sobre autonomía financiera.
Si desglosamos las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para este 2026, el impacto en los gobiernos locales es histórico: la capital regional, Copiapó, lidera la zona con una asignación anual de $2.984 millones de pesos; le siguen Huasco con $2.434 millones, Tierra Amarilla con $2.296 millones, Diego de Almagro con $1.331 millones, Vallenar $1.064, mientras que las comunas de Chañaral, Freirina y Caldera reciben menos de $1.000 millones.
La histórica crítica sobre la centralización de la toma de decisiones en Santiago, hoy se traslada a las oficinas técnicas y concejos municipales de cada comuna, convirtiendo a las autoridades locales de Atacama en actores únicos y resolutivos en la ejecución de estos fondos. Es en este punto, donde radica una ventaja crucial en términos de legitimidad de las políticas públicas y participación ciudadana, cuestiones fundamentales para la democracia y el gobierno abierto.
Sin embargo, la definición por parte de las municipalidades, en relación con la ejecución de estos millonarios recursos ya ha generado repercusiones y encendido la discusión política y administrativa en las diferentes escalas. En el dilema de la planificación presupuestaria de las comunas —que abarca definiciones en programas sociales, infraestructura comunitaria o gasto en personal— las autoridades deben acompañarse siempre de la voluntad popular, la cual legitima su labor institucional.
Para fortalecer la gestión pública de los municipios de Atacama, garantizar la transparencia en el uso de los recursos y promover el ejercicio de una ciudadanía activa, se vuelve imperativo dar un paso más allá: será estrictamente necesario generar mecanismos vinculantes de participación ciudadana para la toma de decisiones sobre los fondos del Royalty Minero en nuestras comunas. Los recursos de la minería nacen de la riqueza de nuestro territorio, y es la propia comunidad local la que debe decidir el diseño de su futuro.
Por Sebastián Fergadiotti López
Cientista Político, ex Seremi de Gobierno