Programa Mi Abogado refuerza la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos

El abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, Guillermo Zurita, explicó el trabajo que desarrolla el programa en la Región de Atacama, destacando su enfoque multidisciplinario, el principio del interés superior del niño y la coordinación con tribunales y organismos de protección.

Con el objetivo de acercar a la comunidad información sobre los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de derechos, el abogado de la Corporación de Asistencia Judicial e integrante del Programa Mi Abogado, Guillermo Zurita, abordó en entrevista el funcionamiento de esta iniciativa y el rol que cumple en la Región de Atacama.

El profesional explicó que el programa constituye una línea especializada de representación jurídica destinada a niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones de derechos, han sido víctimas de delitos o se encuentran bajo algún sistema de cuidado alternativo.

“Nosotros estamos acá con un equipo multidisciplinario, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial, que entrega acceso a la justicia a las personas y, en específico, este programa entrega representación jurídica a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos”, explicó Zurita.

Un equipo multidisciplinario

Uno de los aspectos centrales del Programa Mi Abogado es que la representación no se limita al ámbito jurídico. El trabajo se desarrolla mediante equipos conformados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes analizan cada situación desde distintas perspectivas para construir una estrategia enfocada en las necesidades particulares de cada niño, niña o adolescente.

“Trabajamos un equipo multidisciplinario de varias personas. Específicamente trabaja un abogado, un psicólogo y un trabajador social, donde se construye una estrategia jurídica y una visión multidisciplinaria”, detalló.

El objetivo es entregar una representación especializada y procurar la restitución de los derechos que hayan sido vulnerados, especialmente en casos de niños que se encuentran bajo cuidado alternativo, en residencias o en programas de familias de acogida.

Zurita recalcó que cada caso requiere una estrategia particular, debido a que las circunstancias familiares, sociales y jurídicas son diferentes.

“Ningún caso es igual. Tienen factores parecidos, pero todos los casos se construyen con estrategias jurídicas específicas y enfocadas en la situación del niño, de la niña y de los hermanos”, señaló.

Cobertura en toda la Región de Atacama

El programa cuenta con cobertura regional y su intervención se activa principalmente a partir de una designación realizada por los tribunales de familia o tribunales penales.

Si bien existe una oficina central en Copiapó y atención en la Corporación de Asistencia Judicial de Vallenar, el equipo se desplaza hacia las distintas comunas para tomar contacto directo con los niños y sus familias.

“Tenemos competencia y ejercemos nuestra representación desde la comuna de Alto del Carmen, ambos valles, acá en Vallenar, también en Freirina y Huasco. Abarcamos toda la provincia del Huasco, así como la provincia de Copiapó y también la provincia de Chañaral”, indicó.

El trabajo en terreno resulta fundamental para conocer directamente las condiciones en las que se encuentran los niños y adolescentes representados.

El abogado explicó que, por ejemplo, si un niño vive en Huasco, los profesionales deben trasladarse hasta esa comuna para entrevistarlo, conversar con su adulto responsable y verificar las condiciones necesarias para su desarrollo. También participan en las audiencias de revisión de las medidas de protección decretadas por los tribunales.

Coordinación con los organismos de protección

Zurita aclaró que el Programa Mi Abogado no depende del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, sino del Ministerio de Justicia, aunque ambas instituciones mantienen una coordinación permanente.

“Nosotros no dependemos del Servicio de Protección Especializada. Nosotros dependemos del Ministerio de Justicia. Lo que hacemos con el Servicio de Protección Especializada es que trabajamos de manera conjunta”, explicó.

En ese contexto, el programa cumple un rol de representación y supervisión jurídica para cautelar que las medidas determinadas por los tribunales sean efectivamente implementadas.

Cuando un niño se encuentra en una residencia, por ejemplo, los profesionales del programa concurren al lugar, entrevistan a su representado y se reúnen con los equipos responsables para verificar que se esté cumpliendo el plan de intervención establecido judicialmente.

El interés superior del niño como principio central

Uno de los conceptos fundamentales que orienta el trabajo del programa es el interés superior del niño, principio que, según explicó Zurita, debe estar presente en todas las decisiones que involucren a niños, niñas y adolescentes.

“El interés superior del niño es un principio rector y es un derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente, que obliga al Estado y a todos los actores que encarnan el Estado —tribunales, padres e instituciones— a priorizar el bienestar y el desarrollo físico y emocional”, señaló.

En la práctica, este principio implica considerar el bienestar integral del niño, su derecho a ser escuchado y la necesidad de otorgarle una protección que abarque las distintas dimensiones de su vida.

En este punto, el abogado destacó especialmente el derecho de los niños a ser escuchados, tanto por los tribunales como por los profesionales que ejercen su representación jurídica.

“El derecho a ser escuchado es primordial. Ser escuchado por el juez, por el tribunal de familia o penal, y también ser escuchado por tu abogado”, enfatizó.

Medidas de protección frente a situaciones de violencia

Ante situaciones de vulneración grave, el programa puede solicitar y desarrollar acciones judiciales destinadas a proteger al niño o adolescente.

Por ejemplo, frente a un caso de agresión física, el equipo puede evaluar la necesidad de separar al menor del presunto agresor y generar acciones tanto en sede de familia como penal.

Entre las medidas que pueden ser decretadas por los tribunales se encuentra la prohibición de acercamiento del presunto agresor, así como otras medidas cautelares destinadas a resguardar la integridad del niño.

El abogado explicó que, cuando existen familiares que pueden asumir el cuidado de un menor, como abuelos, tíos u otros adultos significativos, esta alternativa también puede ser evaluada judicialmente.

“Si existen terceros significativos, abuelas, tíos, tías, que quieren ejercer el cuidado personal para que el niño esté bien, el tribunal de familia tiene que tomar una decisión, resolver jurídicamente y entregar el cuidado personal”, señaló.

Posteriormente, tanto el niño como sus cuidadores pueden acceder a procesos de acompañamiento e intervención destinados a garantizar su bienestar integral.

Mantener unidos a los hermanos

Otro de los desafíos que enfrenta el programa corresponde a los casos en que existen hermanos que han sido vulnerados y requieren medidas de protección.

En estas situaciones, el objetivo es que, pese a que cada niño necesita una estrategia individual, se procure mantener los vínculos familiares.

“Nosotros tratamos de realizar una estrategia jurídica basada en la individualidad de cada uno de estos hermanos, pero siempre manteniendo el vínculo”, sostuvo Zurita.

Para ello, se realizan coordinaciones con los distintos programas de protección, procurando que los hermanos permanezcan juntos cuando las condiciones lo permiten, ya sea en residencias o mediante sistemas de cuidado alternativo.

La importancia de la Ley de Garantías de la Niñez

Durante la entrevista, el abogado también destacó el rol que cumple la Ley 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, como uno de los principales marcos legales para el trabajo de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Según explicó, esta legislación establece un sistema de protección integral y entrega lineamientos a tribunales, profesionales y organismos públicos para garantizar el respeto de los derechos de la infancia.

“Es una ley muy importante, diametralmente importante, porque establece un sistema de protección integral donde se hace carne lo que conversábamos del interés superior del niño”, afirmó.

Asimismo, destacó la necesidad de complementar la legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la protección de la infancia.

Niños como sujetos de derechos

Zurita también abordó la evolución que ha experimentado la manera en que la sociedad entiende a niños, niñas y adolescentes. Explicó que actualmente son considerados sujetos de derechos, y no simplemente personas que deben obedecer las decisiones de los adultos.

Entre sus derechos se encuentran, entre otros, el derecho a la educación, a la salud, a vivir en un ambiente adecuado y, especialmente, el derecho a ser escuchados en aquellos asuntos que les afectan.

Sin embargo, precisó que el reconocimiento de derechos también debe estar acompañado de responsabilidades y procesos de formación, tarea en la que las familias cumplen un papel fundamental.

“El derecho a ser oído y escuchado es primordial. También está el derecho a la salud, a la educación, a vivir en paz y en un ambiente libre de contaminación”, ejemplificó.

Lenguaje claro para acercar la justicia a las familias

Finalmente, el profesional destacó la importancia de utilizar un lenguaje claro y cercano al momento de explicar a las familias las resoluciones judiciales y las medidas que afectan a los niños.

El Programa Mi Abogado trabaja con herramientas de comunicación que buscan que tanto los niños como sus adultos responsables comprendan qué está ocurriendo, cuáles son las medidas adoptadas y cómo puede avanzar cada proceso.

“Nosotros les explicamos las resoluciones judiciales, nos entrevistamos, les decimos los alcances de estas medidas cautelares y también cómo se va a proyectar el caso”, explicó.

Para Zurita, este enfoque se fortalece precisamente gracias al trabajo conjunto de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, permitiendo abordar las distintas dimensiones de cada situación.

De esta manera, el Programa Mi Abogado busca garantizar que niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados puedan acceder efectivamente a la justicia, ser escuchados y contar con una representación especializada que ponga en el centro de cada decisión su protección y bienestar integral.