Bastó que Gabriel Boric publicara que padecía de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) para que los medios se enfocaran en saber qué es esa enfermedad. Lo importante a partir de su revelación es constatar cuán tabú es la discapacidad mental: poquísimos están dispuestos a admitirla y muchos la padecen.
Según Casen 2017, casi 391 mil personas declaran tener alguna dificultad psiquiátrica, mental o intelectual, un 33% más que las 294 mil que había en 2015. Más de 86 mil viven en pobreza multidimensional, un 39% más que en 2015.
Ser pobre y tener discapacidad mental se traduce en una doble exclusión. Son los más marginados; sus familias no tienen cómo darles condiciones mínimas en salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, lo que es un factor adicional de vulnerabilidad. Y la continua estigmatización socava los esfuerzos estatales y de la sociedad civil, para activar políticas inclusivas que garanticen el respeto de sus derechos.
Hoy celebramos el Mes de la Salud Mental, ocasión para hacer notar que Chile está al debe, no sólo porque el presupuesto para salud mental es el 2,3% del total del presupuesto destinado a salud, lo que nos deja bajo la recomendación de la OMS, que es de al menos un 5%. También está en deuda con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada en 2008, porque hay leyes en abierta contradicción con los estándares asumidos. La 18.600 permite privar de capacidad jurídica a las personas con discapacidad mental sin debido proceso. Y la 20.584 autoriza esterilizarlas.
Que Boric haya transparentado su TOC es positivo: reconoce una realidad que puede tocarle a cualquiera y contribuye a generar un cambio de mirada menos estigmatizadora y excluyente frente a la discapacidad mental y quienes la padecen.
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