Fenómeno de El Niño en Atacama: Centralismo político, austeridad fiscal y respuesta local.
Fenómeno de El Niño en Atacama: Centralismo político, austeridad fiscal y respuesta local.
La estacionalidad de El Niño continúa alterando las pautas meteorológicas globales, provocando graves repercusiones en nuestro país. En la Región de Atacama, el impacto ha sido severo en los sectores silvoagropecuario, minero y costero. Ante este escenario, la institucionalidad estatal debe responder de forma prioritaria. Sin embargo, la emergencia ha evidenciado una clara difuminación de los deberes del Ejecutivo, mientras que los Gobiernos Regionales, los municipios y la comunidad organizada en voluntariados han cobrado un protagonismo clave, actuando con mayor proactividad que el propio nivel central.
Las consecuencias de los eventos climáticos han sido múltiples: cortes de caminos, interrupción de comunicaciones y fallas en los servicios básicos que exponen a la población a riesgos sanitarios, junto con el desplome de la continuidad de clases y atenciones médicas. Un ejemplo de la magnitud del fenómeno son los más de 300 mm de agua acumulados durante 2026 en localidades cordilleranas de Alto del Carmen. Estos registros dan cuenta de la fuerza de la naturaleza y de la urgencia de promover una convivencia armónica entre las comunidades y la geografía de su territorio, pero con una atención clave de las instituciones pertinentes en cada caso.
Frente a esta crisis, los municipios han operado en primera línea: entrega de insumos previa a los eventos cordilleranos, habilitación de albergues, instalación de corrales para ganado caprino en Tierra Amarilla, articulación de voluntariados en Huasco, despliegue de maquinaria en puntos críticos de Alto del Carmen y limpieza de cauces en Vallenar. Por su parte, el Gobierno Regional de Atacama desplegó instrumentos preventivos mediante la asignación del 2% de emergencia a los municipios a través del COGRID regional, además de articular convenios de colaboración con los ministerios de Agricultura y Minería para financiar alimentación caprina y el despeje de rutas hacia diques de la pequeña minería.
En contraste, la desconexión del gobierno central ha sido evidente. Muestra de ello fue la fiscalización al municipio de Tierra Amarilla por intervenir el sector Ojanco del río Copiapó para proteger a los vecinos ante la crecida del cauce, priorizando trabas administrativas por sobre la seguridad de las personas. A esto se suma un discurso de austeridad fiscal que condiciona la ayuda: a pesar de la emergencia decretada en Atacama y Coquimbo, y de las visitas de autoridades desde La Moneda, incluyendo al presidente de la república, pero la respuesta de Kast y Quiroz y el eco regional indica que los recursos requeridos recién se ejecutarán el próximo año vía Ley de Presupuestos, acrecentando la incertidumbre y el deterioro socioeconómico de las familias durante este 2026.
La gestión gubernamental ha mantenido una lógica centralista enfocada en su agenda legislativa y de reformas económicas, desatendiendo la urgencia territorial. Muestra de esta desconexión son las declaraciones de la Delegada Presidencial de Atacama el pasado 14 de agosto, quien señaló a una emisora de Chañaral que los fondos están disponibles pero supeditados a la tramitación municipal, traspasando la carga burocrática a los gobiernos locales.
La gestión de la emergencia en Atacama demuestra que la autonomía y respuesta inmediata residen hoy en las comunas, el Gobierno Regional y la ciudadanía organizada. Para fortalecer a la región de Atacama, es imperativo transitar hacia un modelo de gestión integral del riesgo dotado de recursos oportunos, donde la protección de las comunidades prevalezca sobre el centralismo y la rigidez fiscal.
Sebastián Fergadiotti López
Cientista Político