Gobierno adoptó importante medida con funcionarios públicos de Atacama tras agresión a gobernadora del Huasco

El  ejecutivo indicó que Alexandra Núñez  fue “violentada durante una actividad pública, provocándole “laceraciones múltiples”.
Fuente : Terra.cl
Daniela Ramírez – El Periscopio
En punto muerto se encuentran las conversaciones entre el Gobierno y la mesa del sector público de Atacama luego de que el Ministerio del Interior informara este miércoles la decisión de congelar las reuniones debido a las últimas acciones de violencia desarrolladas por manifestantes en las provincias del Huasco, Chañaral y Copiapó.En ese sentido, el Ejecutivo calificó como cobarde “la agresión sufrida esta mañana por la gobernadora del Huasco, Alexandra Núñez, quien fuera violentada durante una actividad pública, provocándole “laceraciones múltiples” constatadas en el servicio de urgencia del Hospital Provincial del Huasco, en Vallenar”.

Desde la Subsecretaría del Interior señalan que “la autoridad fue encerrada por funcionarios municipales y del sector público en el Centro de Desarrollo de Negocios de Sercotec de Vallenar, durante una actividad con microempresarios. Tras los incidentes, Carabineros debió intervenir para proteger la integridad de la gobernadora”.

Debido a la gravedad de los hechos, en las próximas horas el Ministerio del Interior y la Intendencia Regional comunicaron que se querellarán por los delitos de “lesiones”, “atentado contra la autoridad” y “desórdenes públicos”.

Por su parte, el intendente de Atacama, Miguel Vargas sostuvo que “el gobierno lamenta que no se priorice el diálogo como vía para acordar soluciones que vayan en directo beneficio de todos los habitantes de Atacama y se opte por la violencia. Esta es la razón por la cual el Ministerio del Interior resolvió congelar las conversaciones hasta que se retome la normalidad en la región”.

Para finalizar, desde la cartera informaron que “a partir del viernes 1 de abril los servicios públicos comenzarán a realizar los descuentos legales de todos los funcionarios que se hayan adscrito a la paralización, según lo estipula un dictamen 18. 297 de la Contraloría General de la República, publicado el 8 de marzo de 2016”.