Para el gobierno esta es una situación inaceptable, que no puede volver a ocurrir. No es aceptable que se elija a dedo y desde la amistad para la aplicación de una política pública. No aceptamos espacio alguno para eventuales irregularidades ni conflictos de interés. Por este motivo, hace unos días se aceptó la renuncia del seremi de Antofagasta e instruyó una inmediata investigación.
Es voluntad del gobierno, y de este ministerio en particular, colaborar muy proactivamente con la investigación penal que abrió el Ministerio Público la tarde de ayer. Nosotros vamos a apoyar con todo la investigación del Ministerio Público.
Enviamos un equipo investigador a la región de Antofagasta y estuvimos anoche reunidos hasta altas horas, y ahora en la mañana, para informarnos de todas las situaciones que se estaban provocando y los antecedentes que lograron recabar. Logramos recopilar información relevante, que entregaremos directamente a la Fiscalía para la correspondiente investigación. Es información de distinta naturaleza, pero que corresponde entregársela directamente a la Fiscalía.
Asimismo, como ministerio instruimos un sumario administrativo, que tendrá como objetivo final esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas. Así como cambiar el sistema de transferencia de recursos y sus procesos establecidos en el año 2015 y aplicados por primera vez en el año 2019.
Venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existan, y buscaremos formas para evitar que se repita un caso así. Reitero, nuestro mensaje es claro: esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable.
Quiero señalar que ya iniciamos un trabajo para el cambio del modelo de asignaciones, que viene desde el 2015, y en 2019 fue su aplicación, por uno más transparente y con mejores estándares. Porque nos interesa seguir trabajando con fundaciones que hacen una tremenda tarea en campamentos, organizaciones sin fines de lucro que tienen historia en el trabajo territorial y a quienes valoramos por su aporte y en su colaboración con el Estado.
Finalmente, señalar que lo sensato y razonable es que la fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados. Una parte de los recursos ya los han gastado. Aquella parte que no han gastado y que está en proceso de revisión, aquella parte que no han gastado, nos parece que lo sensato y razonable es que la pongan a disposición. Si no lo hacen, nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos.
Esto es lo fundamental que queríamos decir. Probablemente les preocupa saber si los antecedentes que tenemos revisten carácter de delito. No nos corresponde a nosotros calificar lo que son. Hay situaciones que el Ministerio Público tiene que determinar. Nosotros hicimos un levantamiento y entregaremos información relevante en la perspectiva de una investigación penal.
¿Por qué no se detectó antes? Nosotros somos críticos del sistema que entrega recursos con una discrecionalidad que no contribuye a un resguardo adecuado de los recursos públicos. Este sistema debe cambiar y los equipos ya están trabajando en aquello. Es la primera vez, recién este año 2023, que este gobierno está organizando todo el sistema. El anterior, el 2022, venían ya distribuidos los recursos. Y, en ese marco, se han visto distintas dificultades y es por eso que estamos especialmente empeñados en modificarlo.
¿Se descartan más irregularidades? Nunca se pueden descartar otras posibilidades. No hay indicios definidos de nuevas irregularidades. Pero, de haber, se entregarán los antecedentes a las instituciones que correspondan.
¿Por qué no entregar ahora la información al Ministerio Público? La idea es tener un trabajo serio, que ha permitido, al equipo que ha estado trabajando, sistematizar la información que recabaron. Están buscando aún la información adicional que faltaba y eso se va a entregar al Ministerio Público, que es donde corresponde.
¿Nos preguntan si nos vamos a querellar? El gobierno está estudiando todas las posibilidades, no descarta eso. Por ahora, nosotros queremos apoyar al Ministerio Público en la investigación que está realizando.
La prensa nos dice que en mayo se recibió una denuncia, de otro carácter, no de este tipo, que indicaba que había una contratación excesiva de personas de RD, cuestión que investigamos y los antecedentes que dio esa investigación es que no era efectivo en los términos que se planteaba, pero esta situación de ahora es distinta a esa.
Para nosotros esto es tan grave que queremos ser muy categóricos en señalar que esperamos que esto termine, que esto no siga así. Y, a su vez, como nos ha pedido especialmente el Presidente, que cualquier irregularidad debe ser enfrentada a fondo, y las personas que han cometido irregularidades, tienen que responder.
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