El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Óscar Hugo Gajardo González a las penas de cumplimiento efectivo de 17 años y 3 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos consumados de homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego y municiones, ilícitos perpetrados en abril de 2021.
En fallo unánime (causa rol 170-2023), el tribunal –integrado por los jueces Marcelo Martínez Venegas (presidente), Sebastián del Pino Arellano y Diana Marín Castañeda (redactora)– dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que “desde la tarde noche del día 16 de abril de 2021, se desarrolló una convivencia entre varias personas, en el interior del domicilio de calle Firenze N°725, villa Chile Italia, en la comuna de Copiapó. Luego, a las 00:30 horas, aproximadamente, ya del día 17 de abril de 2021, llegó a dicho lugar la víctima Aarón Nicolás Silva Toloza, quien comenzó a compartir con el grupo de personas que se hallaban en el lugar”.
“En esas circunstancias –añade– el imputado Óscar Hugo Gajardo González, quien también se encontraba en el lugar, comenzó a hostigar a la víctima, incitándola a pelear, por lo que se originó una discusión y luego una pelea a golpes entre ambos, retirándose del lugar el imputado, quien minutos más tarde regresó al domicilio de calle Firenze N°725, villa Chile Italia, lugar en donde, actuando de modo sorpresivo y con emboscada, ingresó al lugar comenzando a disparar directa y derechamente contra la víctima Silva Toloza, quien huyó por un pasillo de la vivienda”.
La resolución agrega: “(…) no obstante, en su huida recibió un impacto de bala, percutida por el imputado Gajardo González, en un costado del tórax, cayendo herido, siendo auxiliado por los asistentes a la reunión, quienes lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Copiapó, donde llegó agónico y falleció minutos después por traumatismo toracoabdominal por arma de fuego con salida de proyectil”.
El tribunal aplicó, además, a Gajardo González las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de las costas del juicio.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
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