El 28 de septiembre, en La Moneda, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, en compañía del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunciaron la implementación del Plan RPA (Responsabilidad Penal Adolescente), el cual está enfocado en hacer seguimiento a 91 jóvenes reincidentes a través de una plataforma de información en línea para verificar si cumplen o no la ejecución de sus sanciones y sus planes de rehabilitación. Abogados, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales son los encargados de monitorear a este grupo.
A casi dos meses de la implementación del plan, el Ministerio de Justicia -que está a cargo de gestionar el proyecto- ya elaboró una caracterización de adolescentes controlados, correspondientes a la Región Metropolitana. El análisis contempla diferentes aspectos, donde no sólo se estableció la conducta delictual de los jóvenes, sino que también se realizó un perfil sociodemográfico, sociológico, de escolaridad, de consumo de drogas y de género. También se tomó en cuenta los tipos de sentencia.
La complejidad de los casos se determinó mediante dos variables: la reiteración de las condenas y el tipo de ilícito cometido (robo con violencia, con intimidación, en lugar habitado, no habitado, por sorpresa, homicidio y violación). Para determinar que se trata de un infractor de alta complejidad, deben tener cinco o más ingresos al sistema RPA en medio libre o semicerrado, o tres o más reingresos en sistema cerrado.
El análisis dio cuenta que el robo con intimidación es el ilícito por el que más han sido condenados estos jóvenes reincidentes, con un 22,9%. Le siguen el robo en lugar habitado (20,1%) y el robo con violencia (13,9%). Estos tres delitos acumulan un 56,9% del total (ver infografía).
Según explicó la jefa del departamento de Reinserción Social de Justicia, Carolina Ocampo, y encargada del Plan RPA, “los jóvenes cometen mayoritariamente delitos contra la propiedad. Esas serían las características principales de este grupo (…) Sin embargo, el sistema juvenil, en general, representa un porcentaje muy minoritario de la población penal, en comparación a la adulta. Pero sabemos que es un tema complejo, dada la edad de las personas infractoras”.
Drogas y escolarización
El consumo de drogas también fue parte del informe elaborado por el gobierno. En ese sentido, este señala que el 41,7% de los infractores reincidentes consume marihuana y el 4,8% pasta base de cocaína. “Tiene que haber un mayor control para el cumplimiento de la efectividad de su sanción y también un mayor apoyo de las redes para aquellos aspectos que tienen que ver con el tratamiento de drogas, tratamiento sicocosociales, vinculación con sus familias. Todo, pero sustentado en el control: que se cumpla la sanción”, advirtió Ocampo.
La escolaridad también es un factor de importancia para el sistema penal, según explicaron desde la cartera. Es por ello que también se identificó cuántos de los reincidentes terminaron su educación básica y media. En ese sentido, se concluyó que el 44,4% de los jóvenes menores de edad sólo llegó hasta octavo básico: en tanto, el 22,2% terminó cuarto medio. El 33,4% restante no terminó ninguno de los dos períodos escolares.
Carolina Ocampo, explicó que “el perfil de los menores se va definiendo a partir del análisis completo que se hace. Se hace todo un mapeo de dónde están sus aspectos más vulnerables. Suena fácil, pero no lo es: poder intervenirlos efectivamente, encontrarles plazas para tratamientos y educación; que lo acepten en un colegio, que se mantengan escolarizados. Hay que conjugar todos los factores de su caracterización en pos de saber qué hacer para su recuperación”.
El trabajo del plan, si bien está a cargo de Justicia, también cuenta con la participación de los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social e Interior. La importancia de su intervención radica, según explicó Ocampo, en que la mayoría de éstos jóvenes son condenados a penas en libertad. Así queda establecido en el perfil, donde se señala que el 33,3% cumple su pena en Programa de Libertad Asistida Especial (PLE) y el 27,4% en Libertad Asistida (PLA). En tanto, el 25% cumple Servicios en Beneficio de la Comunidad (SBC). Sin embargo, los jóvenes infractores pueden cumplir cada una de sus condenas, en programas de reclusión distinto.
Para el Senador Alberto Espina (RN), el plan no es suficiente. “Qué sacamos con perfilar a 90 jóvenes reincidentes si lo que necesitamos son políticas públicas para reinsertarlos. Hay que rescatar a los infractores que han estado en completo abandono, pero no sólo por culpa de este gobierno, sino de todos, porque no rinde réditos políticos. Entonces, se gastan recursos en proyectos de corto plazo y no en una visión más amplia del problema”.
Menores de 14 años
Desde enero el plan se ampliará a 150 casos para la Región Metropolitana. Además, el proyecto no sólo está radicado en el seguimiento a estos menores más complejos, sino que también se está elaborando un perfil y seguimiento a 350 menores de 14 años, como también quienes se encuentren en internación provisoria.
Ello, con el objetivo de interrumpir su carrera delictual. “Hay que poner al joven en el centro del sistema para que los recursos públicos vayan en su recuperación. Esto va más allá de lo judicial”, dijo Ocampo.
Fuente Diario la Tercera.-
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