- La familia Reines Sánchez inició acciones legales ante el cambio el Plan de Educación Curricular Individual de su hijo al cambiarlo de cuarto básico a kínder.
Una demanda civil se interpuso contra la Escuela República de los Estados Unidos dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Huasco, siendo la primera acción denominada por Falta de Servicio, toda vez que el estado omitió ciertas actitudes de los dependientes de establecimiento por los hechos que afectaron a la familia Reines Sánchez de Vallenar. Asimismo, se interpuso un recurso de protección en el tribunal de familia.
De acuerdo con lo que cuenta Roxana Sánchez. madre del menor de 10 años afectado, el establecimiento modificó su maya curricular de manera unilateral en circunstancias que el afectado estaba cursando cuarto básico y fue trasladado al aula de kínder, debido a la condición TEA del niño, este traslado le provocó varias complicaciones y cambios en su comportamiento.
Con relación al caso, Roxana relata que “el primer día de clases en 2023 nos encontramos en las murallas del establecimiento, rayados con los nombres de la profesora jefe de mi hijo y la directora señalando que eran maltratadores. en un principio no le dimos mayor importancia hasta una reunión del programa PIE y esta profesora nos dice que mi hijo la desconcentraba a ella y a sus compañeros que no podía hacer clases tranquila, que debía salir más temprano de clases y una serie de situaciones”.
“Nos llamaba la atención que nuestro hijo tenía cambios en su comportamiento, señalaba las cosas y andaba con la cabeza gacha. Llega mayo, voy a buscarlo al colegio y estaba la coordinadora que nos cuenta que al día siguiente lo iban a ingresar a Prekínder. En tanto en esos momentos estaban apareciendo las conductas de mi hijo en un momento que fue angustiante para nosotros”, continúa Sánchez.
La madre afirma que firmaron un papel en el que señalaba que su hijo iba a realizar actividades en clases de educación física, pero con el pasar del tiempo se enteraron de que existía un documento, supuestamente adulterado, donde la familia aceptaba el cambio y que ellos reconocen que no han firmado,
La familia acudió al SLEP donde se les informó que el cambio fue por “el porte del menor”, tras ello la familia se dirigió a la Provincial de Educación, donde tampoco les dieron una respuesta satisfactoria y que era mejor que buscaran otro colegio, optando por acudir a la OPD donde les dijeron que los apoyarían con una demanda, sin embargo, ante la falta de respuestas a las peticiones de la familia, terminaron por buscar un estudio jurídico con el que, en noviembre del año pasado, se interpuso la acción civil.
“Nosotros como familia queremos que se haga justicia. Se supone que este es un colegio inclusivo, que nos decían que tiene todo tipo de niños y que estaría protegido. Pero nosotros vimos como familia que mi hijo quedó muy mal psicológicamente al estar con niños más pequeños. Fue un daño muy grave que le causaron”, puntualizó Roxana Sánchez.
Demanda
En cuanto al caso de la familia Reines Sánchez, el abogado patrocinante afirma que “es el claro ejemplo de cómo una unidad educativa puede vulnerar los derechos de un estudiante, sobre todo el carácter de necesidad especial que detenta este estudiante en particular, a juicio de esta parte, el niño fue parte de críticas discriminatorias por el dependiente del servicio de educación que se demanda, dicho acto se basa en la modificación de su Plan de Educación Curricular Individual también conocido como PACI, y que esta modificación no se ajusta para nada a derecho. Así también se suman otros hechos puntuales, pero todos estos apuntados a ciertos maltratos discriminación verbal proporcionada al estudiante”.
“A raíz de lo anterior el menor mostró signos de estrés y trauma lo que motivo a su madre a suspender su asistencia a clases y buscar ayuda profesional interponiendo entonces, respaldado por este estudio jurídico, una demanda de indemnización de perjuicios que en la actualidad nos encontramos aún en proceso”, agregó el litigante.
En cuanto a la importancia del caso, el abogado agregó que “este caso destaca la importancia de proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo y garantizar así un ambiente seguro, respetuoso e integral para su desarrollo”.
La causa se encuentra en la etapa probatoria y según el abogado existen antecedentes que permiten acreditar que el niño ha sufrido de perjuicios por parte del establecimiento educacional existiendo otros apoderados que también afirman que a sus hijos se le han vulnerados sus derechos además de testigos de los hechos.
SLEP
Consultado el Servicio Local de Educación Pública de Huasco, Javier Obano, director provincial, señaló que “esta es una situación que se genera en el año pasado, la madre recurre a través de una denuncia a la superintendencia de educación, presenta una denuncia. Esta nos consulta y nosotros informamos respecto a cómo había procedido el establecimiento respecto a la situación descrita con la madre. En una primera instancia la superintendencia determina que el establecimiento no vulneró la normativa vigente respecto de cómo deben hacerse las cosas desde el punto de vista de la aplicación del protocolo. No hay contravención a la normativa educacional, en el fondo eso es lo que hace la superintendencia, señala”.
Obano agregó que “posteriormente la familia de la madre presenta una demanda civil ante los tribunales y en este proceso estamos en este minuto. Por lo tanto, frente a ese escenario y yo no me puedo referir, dado que está hoy día en se encuentra en esa instancia. Nosotros obviamente queremos esperar los resultados que sostengan a partir de esta instancia”.
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