Tras una semana de negociaciones, los funcionarios del sector público aceptaron la propuesta del gobierno, que pone fin a las movilizaciones y abre el espacio para gestionar que los beneficios se extiendan a la totalidad de los trabajadores públicos de Atacama.
Durante la tarde de este Viernes, la Mesa de Trabajo entre los funcionarios del sector público y el Gobierno llegó a un acuerdo para que se les entregue una bonificación especial desde el año 2015, con el objeto de enfrentar el aumento del costo de la calidad de vida en la Región de Atacama, así como de establecer un cronograma de trabajo que permita avanzar en lo que se ha llamado como “Un Nuevo Trato para Atacama”.
La bonificación especial permitirá que más de 10 mil funcionarios públicos puedan recibir una asignación de 80 mil pesos pagados trimestralmente a todos los trabajadores de planta y a contrata de la región, a los trabajadores de los servicios municipales de salud, y a los asistentes de la educación, con el objeto de reducir el impacto económico provocado por el encarecimiento en el costo de la calidad de vida en Atacama. Tendrá carácter transitorio, hasta que se obtengan resultados sobre el costo de la vida en la región, y que servirá para definir el monto final del bono permanente.
En este sentido el Intendente de la región de Atacama, Miguel Vargas Correa, destacó que “el Gobierno de la Presidenta Bachelet se hace cargo de una demanda histórica de los trabajadores del sector público de nuestra región…ellos han dicho con mucha fuerza que la región de Atacama merece un nuevo trato que sea acorde a los aportes que está región hace al país…vamos a otorgar el bono de 80 mil pesos a partir de marzo de 2015 a más de 10 mil trabajadores públicos de la región”.
El acuerdo establece la necesidad de que la totalidad de los trabajadores públicos –profesores y trabajadores a honorarios- pueda recibir este beneficio durante el próximo año, y para ello, se establecerá un cronograma de trabajo tripartito, entre el Gobierno, los trabajadores públicos y los parlamentarios de la región.
Además, el Gobierno se compromete adicionar 1.000 millones de pesos al presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para el año 2014, con el objeto de que el Intendente presente al Consejo Regional un conjunto de iniciativas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, en materias de vivienda, capacitación, descentralización, conectividad, salud, educación, recurso hídrico e inversión pública. (ver Medidas Adicionales)
La mesa encabezada por el Intendente Regional, Miguel Vargas, e integrada por dirigentes de las distintas organizaciones de trabajadores públicos de la región, contó con la presencia de los diputados Daniella Cicardini, Yasna Provoste, Lautaro Carmona y Alberto Robles, así como del representante de la senadora Isabel Allende, quienes asumirán el rol de garantes en el funcionamiento de una instancia de carácter permanente que establecerá –entre otros aspectos- la incorporación de aquellos trabajadores que no están contemplados en la asignación.
Con esta decisión, los funcionarios públicos deponen definitivamente la movilización que los mantuvo paralizados durante una semana, tras lo que firmaron un protocolo de acuerdo que permitió establecer la mesa y zanjar el acuerdo final.
MEDIDAS ADICIONALES
Dentro de las iniciativas propuestas por el Gobierno en la inyección de recursos al FNDR y que deberá zanjar el CORE, destacan la propuesta de establecer un nuevo subsidio habitacional para la construcción de viviendas sociales, lo que implica una adecuación de los montos de los subsidios actuales para atender las particularidades regionales, así como la generación de convenios de cofinanciamiento entre el GORE, MINVU y privados, y la gestión ante los municipios de la región para la actualización de sus planos reguladores, incorporando la nueva planificación de demanda de suelo para proyectos habitacionales sociales.
En materia de capacitación, se formará un equipo de trabajo que desarrolle y asegure un plan pertinente y eficiente, según las necesidades de cada servicio en la región.
En relación a la descentralización, la División de Gobierno Interior presentó un programa de modernización para las Gobernaciones Provinciales, lo que será informado una vez que se apruebe la Ley de Presupuestos para el año 2015.
Sobre conectividad, el Gobierno dispuso el desarrollo del Programa 1000 + 1000, lo que implica el mejoramiento de 2000 kilómetros de caminos secundarios y terciarios, con énfasis en sectores rurales; se expandirán los servicios de telefonía móvil e internet a 53 localidades aisladas y 7 establecimientos educacionales de la región; y, durante el 2015 se abrirán recorridos de transporte para localidades como Canto del Agua, Llanos del Lagarto, y a localidades cercanas a Vallenar, El Salado – Chañaral, y Diego de Almagro, entre otras.
En materia de salud, se adquirirán 3 minibuses, uno para cada provincia, para el traslado de pacientes en diálisis; se reiniciará con urgencia la ejecución del convenido de programación de salud Etapa II que incluye, además del término de la construcción del nuevo Hospital Regional de Copiapó, el diseño y construcción de los Hospitales Comunitarios de Huasco y Diego de Almagro; la construcción de los Centros de Atención Familiar de Freirina, Chañaral, Pedro León Gallo en Copiapó y Altiplano Norte en Vallenar; avanzar en los diseños de la reposición de los CESFAM Mellibowsky y Manuel Rodríguez en Copiapó; e, implementar 3 servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución para Copiapó y Vallenar entre el 2014 y el 2018.
En Educación, se generará un proyecto para adquirir Minibuses para el traslado de escolares que viven en localidades aisladas; se implementará el proyecto “Establecimientos Educacionales con Sello Regional” para 7 comunas de Atacama; la adquisición de equipamiento para escuelas públicas, y la implementación de un Programa de Mejora miento de Docentes de la Educación Básica y media para la región.
En relación al Recurso Hídrico, el Estado construirá una Planta Desalinizadora para solucionar el problema de calidad y acceso al agua de la población en general, sin traspasar el costo a los usuarios.
También, se buscará fortalecer y descentralizar el Ministerio de Bienes Nacionales en la región, para agilizar los proyectos de generación eléctrica, inyectando recursos financieros, humanos y materiales, respecto de la entrega de concesiones, enajenaciones, transferencias gratuitas, tasaciones, etcétera. Además, se propondrá evitar el uso de petcoke en la generación eléctrica regional.
En materia de actividad económica, se impulsará el programa Zona de oportunidades para Atacama que incluya un cofinanciamiento de activo fijo para apalancar recursos privados de inversión con foco en aumentar la actividad económica y la generación de empleo en Pymes, alcanzando USD1,4 millones de inversión a nivel de pequeñas y medianas empresas; se eliminarán las barreras para concretar iniciativas de inversión; se brindará asesoría técnica y administrativa para la tramitación de solicitudes sobre terrenos fiscales; y destrabar cerca de 20 proyectos privados de inversión por más de USD 4 mil millones, entre otras medidas.
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