PDI ATACAMA DESTACA PROCESO INVESTIGATIVO DE LA OPERACIÓN VÍA CRUCIS
PDI ATACAMA DESTACA PROCESO INVESTIGATIVO DE LA OPERACIÓN VÍA CRUCIS
La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), ambas unidades de la PDI Copiapó, fueron parte del proceso investigativo llevado a cabo de manera conjunta con la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica de la Fiscalía de Atacama en la Operación Vía Crucis, que dejó como resultado a tres imputados en prisión preventiva.
“La Operación Vía Crucis nos permitió desarticular una organización criminal de particulares y funcionarios públicos coludidos para defraudar al Estado. Los resultados de este proceso investigativo arrojaron hoy las medidas cautelares en contra de los funcionarios públicos imputados en esta causa, como también a los particulares de las empresas investigadas. El modus operandi consistía en una colusión de empresas proveedoras del Estado junto a funcionarios públicos de distintas instituciones, quienes a través de la plataforma Mercado Público podían acceder a contrataciones, licitaciones o compras ágiles de esta empresa, según los requerimientos de las instituciones públicas involucradas, las que eran adjudicadas de manera fraudulenta por ciertas cifras dinero que llegaban a sus cuentas”, señaló la Jefa de la Bridec Copiapó, subprefecta Cecilia Diez.
La oficial policial añadió que “esto se sustenta en pruebas de documentos bancarios, múltiples declaraciones de testigos, peritajes y escuchas telefónicas, donde se hizo la trazabilidad de la información, logrando así percibir el modus operandi entre las empresas y los funcionarios públicos”.
Durante esta jornada, tras la formalización y a solicitud de la Fiscalía de Atacama, se dictaminó la prisión preventiva para tres funcionarios públicos por delitos de cohecho reiterado, asociación criminal y en el caso de la funcionaria de Gendarmería el ilícito de lavado de activos. Sobre los otros siete imputados, se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, lo que asegura el desarrollo de la función investigativa de la presente causa. El plazo de la investigación fue fijado en cinco meses.