SONAMI manifiesta preocupación por impacto de nuevo régimen de patentes mineras en la pequeña minería
SONAMI manifiesta preocupación por impacto de nuevo régimen de patentes mineras en la pequeña minería
La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) expresó su profunda preocupación por las consecuencias que podría generar el nuevo régimen de patentes mineras, actualizado mediante la Ley 21.649, especialmente sobre la pequeña minería y parte de la mediana minería del país.
A través de una declaración pública, el gremio señaló que es urgente retomar un sistema de amparo de la propiedad minera basado únicamente en el pago de una patente de monto razonable, argumentando que la actual normativa incorpora exigencias burocráticas y un sistema de amparo por trabajo que afecta principalmente a los productores de menor escala.
Según indicó SONAMI, mantener la norma vigente implica “castigar injustamente” a pequeños mineros comunales que desarrollan actividades productivas y cumplen un rol económico relevante en diversas zonas del país. Asimismo, advirtieron que la situación también podría afectar el futuro de numerosas medianas empresas del sector.
En esa línea, el gremio hizo un llamado al Gobierno para cumplir el compromiso de campaña relacionado con la derogación del sistema que elevó las patentes mineras para la pequeña y mediana minería.
La organización sostuvo además que el aporte recaudatorio proveniente de este segmento es limitado. De acuerdo con los antecedentes entregados, durante 2025 el pago alcanzó las 142.854 UTM, cifra que representa menos del 5% del total de la recaudación por concesiones mineras.
SONAMI enfatizó que el aumento de costos de amparo y las exigencias administrativas permanentes generan una mayor presión económica sobre quienes poseen menor capacidad financiera para mantener sus concesiones, advirtiendo que esto podría derivar en una concentración de la propiedad minera en actores con mayor respaldo económico.
Finalmente, la entidad reiteró el llamado a las autoridades a revisar el sistema actual y avanzar hacia un mecanismo “simple, objetivo y verificable”, basado en un esquema de patente que entregue mayor certeza jurídica y estabilidad al desarrollo de la actividad minera, considerando las distintas escalas y realidades territoriales del sector.