*Parlamentaria acogió reclamos de maltrato, falta de transparencia en licitación, y desvinculaciones con licencia médica vigente y en represalia a trabajadores, entre otras situaciones que pide investigar a autoridades de Educación, Trabajo y la Contraloría.
Una serie de oficios de fiscalización a diversas autoridades e instituciones públicas solicitó la Diputada (PS), Daniella Cicardini, tras recibir variadas denuncias de trabajadores del Centro de Formación Técnica Estatal (CFT) de Atacama, ubicado en la comuna de Chañaral, sobre mala gestión, irregularidades, vulneraciones laborales, y trato autoritario por parte de su director Guillermo Sandoval, las que la parlamentaria calificó como “de la mayor gravedad”.
Entre ellas, los afectados plantean abusos y malas prácticas como despidos injustificados y en represalia a denuncias previas ante la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección del Trabajo, las que van desde menoscabos y maltrato, a uso inapropiado de recursos públicos, contrataciones “a dedo” de funcionarios, sin concursos ni la experiencia requerida, con el evidente impacto negativo en la comunidad educativa; así como falta de transparencia en la adjudicación de una licitación a una empresa de propiedad de quien afirman sería amigo personal del director del CFT.
Al respecto, la también vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Daniella Cicardini, subrayó que “ he decidido solicitar oficios de fiscalización para que se investigue, aclare y se sancione como corresponda esta situación, primero porque estamos ante denuncias que me parecen de la mayor gravedad porque involucran una eventual vulneración de derechos laborales a varios trabajadores y despidos injustificados, estando incluso con licencias médicas vigentes; esto sin contar humillaciones y malos tratos que se me relatan, y por cierto las posibles irregularidades en el uso de recursos públicos”.
“Pero además, porque acá se da un ambiente de gestión y clima laboral tóxico, estresante e insostenible, que se evidencia en el alto porcentaje de licencias médicas, lo que es imposible no se traspase y no termine afectando lo fundamental que es la formación de las y los estudiantes, que es el derecho superior que nos corresponde cautelar a todos”, enfatizó.
La legisladora añadió que “la comunidad educativa, los estudiantes y sus familias, los trabajadores y toda la comunidad de Chañaral y de la provincia, merecen respuestas claras y acciones contundentes para garantizar un ambiente laboral y educacional justo y ético en el CFT de Atacama”.
Entre los casos específicos mencionados en los oficios de la parlamentaria se citan, a modo de ejemplo, el despido del encargado de logística mientras se encontraba con una licencia médica emitida por la ACHs, así como las denuncias del ex fiscal del centro de formación, quien relata haber sido humillado públicamente por Sandoval, quien habría alzado su tono de voz a modo de “reto”, “como si este señor fuera mi padre”-indica el denunciante-, así como situaciones en las que el director habría tenido una actuación que describe como “un trato, seco y autoritario, humillante para los y las funcionarios”.
Debido a estos antecedentes, la diputada dirigió sus oficios al Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, al Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, Director Nacional del Trabajo, Pablo Zenteno, y a la Contraloría General de la República; autoridades e instituciones a los que solicita una revisión minuciosa de las denuncias y antecedentes, la aplicación de sanciones correspondientes y la restitución del buen funcionamiento del CFT en Atacama; así como una pronta respuesta sobre las acciones emprendidas para abordar esta crisis laboral y garantizar la integridad de los trabajadores y la calidad educativa en la región.
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